Resultado de la imposición de Promesa, según EA

Mientras por un lado el presupuesto anual de gastos del gobierno aumenta año tras año, por otro se reducen los días de deliberación y discusión del mismo en la Asamblea Legislativa. Este es uno de los saldos de la ley PROMESA que el próximo 30 de junio cumple tres años y de las actuaciones de la Junta de Supervisión Fiscal.

El tira y jala entre el Gobierno y la Junta de planes, certificaciones, cartas, notificaciones, etcetera, le roba a los ciudadanos de su derecho a saber y a participar en las decisiones que toma el gobierno y que impactan el diario vivir de sus representados, dijo la organización Espacios Abiertos (EA) en un comunicado.

‘Este año la situación ha llegado al extremo de que los legisladores y legisladoras, que son quienes se supone representen al pueblo, tendrán menos de 15 días para considerar la medida de presupuesto. Una medida que de por sí es compleja ante la situación fiscal que vive el país y que establece la distribución de las partidas del presupuesto consolidado anual de Puerto Rico, que sobrepasa para el año fiscal 2020 los 26 mil millones de dólares ($26,802,032,000)’, indicó la entidad.

Un análisis comparativo realizado por EA muestra la diferencia con otras jurisdicciones y la dramática merma que ha sufrido el tiempo que se dedica a consideración del presupuesto en Puerto Rico en los últimos diez años, que se agrava desde PROMESA. Mientras para 2009-2010 el periodo de deliberación fue de 61 días, el año pasado ya se había reducido a 19 días y este año a menos de 15.

Si se compara el proceso con jurisdicciones de los Estados Unidos, vemos que 46 de los 50 estados y el Distrito de Columbia, tienen más de tres meses (90 días) de discusión de sus presupuestos y 19 de estos 5 meses o más.

Otro dato que destaca el estudio es que en Puerto Rico no se permite a los ciudadanos participar directamente en las vistas públicas de presupuesto, mientras que en más de la mitad de los estados de EEUU (27 estados o 54%) el proceso de presupuesto incluye vistas ciudadanas.

‘Menos tiempo de discusión, implica menos tiempo de estudio y más posibilidades de cometer errores e injusticias. Menos tiempo para vistas públicas, implica menos oportunidad para los jefes de agencia de articular sus programas, prioridades y uso de sus presupuestos, y a su vez menos oportunidad de los legisladores preguntar. Todo esto se traduce en menos acceso de información de los ciudadanos y menos campo de acción para la ciudadanía –de cuyo bolsillo sale gran parte del presupuesto– para actuar e incidir en decisiones de uso del presupuesto y las políticas públicas que afectan nuestro diario vivir’, indicó Cecille Blondet, Directora Ejecutiva de Espacios Abiertos.

‘Para que la participación en el presupuesto sea posible de manera efectiva es imprescindible que le preceda un marco jurídico que fomente la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas. Sin acceso a información pública de manera transparente, la participación ciudadana y de nuestros representantes electos se convierte en un ejercicio meramente simbólico y esteril.’, señala en la introducción de estudio Espacios Abiertos, a la vez que reitera el reclamo de que se haga público el denominado »presupuesto oculto’ o presupuesto de gastos fiscales, tal y como se hace en todo Estados Unidos y muchos otros países alrededor del mundo desde la decada del ’70.

‘Sin lugar a dudas, PROMESA no ha contribuido en lo más mínimo a mejorar la prevaleciente falta de transparencia y limitada participación presupuestaria. Ahora se ven mermadas, además de la participación de la ciudadanía, la de los representantes electos del pueblo de Puerto Rico, tanto a las vistas públicas como al acceso de datos e información presupuestaria que debería ser accesible por todas y todos nosotros. El ejercicio democrático debe ir más allá de dejarnos votar cada 4 años para luego someternos a decisiones unilaterales de órganos no electos por la ciudadanía, políticos con conflictos de interes presionados por cabilderos que siguen agendas distintas a las del bienestar social y procesos presupuestarios con cada vez menor participación ciudadana y de nuestros funcionarios electos.’

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