«Toda sociedad democrática necesita espacios para disentir, cuestionar y exigir transparencia», afirma el experto en manejo de emergencias.

En Puerto Rico hemos comenzado a observar una tendencia preocupante: cualquier intento del gobierno —ya sea estatal o municipal— por hacer cumplir leyes, reglamentos o normas de convivencia urbana termina enfrentando protestas, campañas mediáticas o movimientos organizados de oposición. La interrogante que debemos hacernos como sociedad es sencilla, aunque incómoda: ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Dónde trazamos la línea entre el derecho legítimo a expresarse y la necesidad colectiva de mantener el orden y la seguridad?

Recientemente hemos visto controversias relacionadas con trabajos de rehabilitación en el Paseo La Princesa, donde se busca reparar aceras y vías afectadas por raíces de árboles y deterioro acumulado. También se han realizado operativos dirigidos a orientar y remover vendedores ambulantes que ocupan espacios públicos o accesos a vías transitables, generando en ocasiones riesgos para peatones, conductores y hasta para los propios comerciantes.

A esto se suma la oposición constante a proyectos de desarrollo o mejoras de infraestructura. No importa cuán beneficioso pueda resultar un proyecto para una comunidad o para el país; siempre aparece un sector dispuesto a detenerlo por una razón u otra. La protesta se ha convertido, para algunos, en un mecanismo automático de rechazo antes de evaluar objetivamente el bien común.

Es importante dejar algo claro: protestar es un derecho constitucional y debe protegerse. Toda sociedad democrática necesita espacios para disentir, cuestionar y exigir transparencia. Sin embargo, también es cierto que el cumplimiento de la ley no puede depender de quién grita más fuerte, de quién tiene más cámaras o de qué tema sea más políticamente sensible.

Las leyes no pueden cumplirse parcialmente ni sujetarse a conveniencias ideológicas o presiones momentáneas. Una sociedad donde cada ciudadano decide qué regla obedecer y cuál ignorar no es una democracia saludable; es el inicio de una anarquía administrativa y social.

Preocupa igualmente la tendencia creciente de personas que, armadas únicamente con un teléfono celular y una cámara, llegan a oficinas públicas o escenarios operacionales con el aparente propósito de “fiscalizar”, pero que en la práctica terminan hostigando empleados públicos que simplemente realizan su trabajo. Una cosa es documentar un proceso público; otra muy distinta es provocar, intimidar o interferir deliberadamente con las funciones de servidores públicos.

El empleado público también tiene derechos. Tiene derecho a desempeñar sus funciones en un ambiente seguro, sin acoso ni provocaciones. Tiene derecho a un espacio razonable de privacidad y a que no se obstaculice su trabajo bajo el pretexto de la libre expresión. De igual forma, el ciudadano tiene derecho a expresarse, pero ese derecho no puede utilizarse como licencia para alterar operaciones, invadir espacios restringidos o violentar la tranquilidad de otros.

La solución no es eliminar derechos; es establecer límites razonables y reglas claras. Deben existir perímetros definidos para protestas, protocolos para grabaciones en oficinas públicas y mecanismos que permitan la expresión sin afectar servicios esenciales ni poner en riesgo la seguridad de terceros.

También corresponde a nuestros líderes políticos actuar con responsabilidad. Convertir cada controversia en una plataforma política o alimentar el desorden para obtener protagonismo mediático solo debilita la institucionalidad y erosiona el respeto por la ley. Gobernar no es complacer a todos; gobernar implica tomar decisiones difíciles pensando en el bienestar colectivo.

Puerto Rico necesita decidir qué tipo de sociedad quiere ser. Una donde las leyes se respeten, las instituciones funcionen y el orden urbano se preserve, o una donde todo intento de regulación sea interpretado como una agresión y donde prevalezca el caos sobre la convivencia.

Los derechos son esenciales. Pero también lo son el orden, la responsabilidad y el respeto mutuo. Una democracia madura necesita ambos para sobrevivir.