El Senado aprobó recientemente un proyecto de Administración para fortalecer la liquidez del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) pero en el proceso introdujo enmiendas que aumentan la fiscalización legislativa sobre la institución bancaria.

La medida fortalece los poderes del BGF como agente fiscal del gobierno y le permite a la institución requerirle información o documentos sobre sus finanzas a cualquier agencia o corporación y establece que cualquier persona que viole dicha disposición cometerá un delito grave.

El BGF también podrá requerirle a cualquier agencia, corporación pública o subdivisión política del Estado Libre Asociado que deposite y mantenga la totalidad o una porción de sus fondos en cuentas de depósito, certificados u otros instrumentos emitidos por la institución. Se eliminó del proyecto una disposición que eximía a la Legislatura y a los Tribunales.

A requerimiento del gobernador, el BGF podrá nombrar un administrador de emergencia para cualquier corporación pública pero por un periodo que no podrá ser mayor de dos años.

‘Las medidas incluidas en esta ley, las cuales tienen el propósito común de fortalecer la liquidez y solidez del BGF para que pueda continuar con sus funciones como asesor financiero, agente fiscal y fuente de financiamiento del Gobierno Central, afianzan el compromiso de esta Administración de afrontar la situación fiscal histórica que le ha tocado vivir al país, de manera responsable y en beneficio de futuras generaciones de puertorriqueños’, dice la exposición de motivos.

El proyecto del Ejecutivo establece un procedimiento para atender la adjudicación de cantidades de dinero y otros bienes líquidos no reclamados que están en poder del Banco.

Se crean dos comités internos, que consisten en un Comité de Auditoría y un Comité de Manejo de Riesgo. Además, establece que ciertos fondos no se incluirán para poder hacer el cálculo de la reserva legal delBGF.

El proyecto dispone que el BGF podrá aceptar depósitos después de su insolvencia y exime de responsabilidad contra reclamaciones o demandas a los miembros de su Junta de Directores, oficiales, empleados y consultores externos.

No obstante, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia y el senador Cirilo Tirado, introdujeron enmiendas para establecer que los miembros de la Junta de Directores del Banco tendrán que ser confirmados por el Senado y que deberán rendir informes a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

Más aún, la medida impone restricciones al Banco en cuanto a la concesión de préstamos a entidades gubernamentales, con excepción del ELA, que: estén en incumplimiento con cualquier pago al BGF o que el principal pendiente de pago de todos los préstamos de dicha entidad gubernamental con el BGF exceda el 5% de la cartera total de préstamos del BGF.

De igual manera, el Banco solo podrá extender aquellos financiamientos autorizados por ley o aquellos financiamientos que sean utilizados para financiar inversiones de capital o para capital de trabajo con un vencimiento de un año o menos.