La Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos ofreció alternativas al gobierno local para lidiar con los altos costos en los fletes marítimos ocasionados por las limitaciones impuestas por las leyes de Cabotaje federal y el ‘oligopolio’ formado por las cuatro empresas navieras que operan bajo las mismas.

El vicepresidente ejecutivo de MIDA, Manuel Reyes, aprovechó su presencia en la vista senatorial de la Comision de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social que estudia el impacto de la Ley Jones sobre la economía local para solicitar la eliminación de la patente nacional y el cobro por la inspección de furgones.

Sobre la la tarifa de inspección de furgones, dijo que son más $20 millones anuales en los muelles que se multiplican a través de la cadena y encarece los productos importados.

‘Es contradictorio expresar preocupación por el costo de las leyes de Cabotaje cuando sumamos tantos costos y tropiezos a la cadena de abastos’, dijo.

Acerca de las leyes de Cabotaje, Reyes destacó que debido a la falta de interés del Congreso de que Puerto Rico esté exento de las mismas, algo que se evidenció con la falta de análisis en el estudio del GAO emitido en marzo, la isla debe centrarse en otras alternativas.

Las leyes de cabotaje obligan a que los productos traídos a Puerto Rico de los Estados Unidos vengan en barcazas con bandera americana. Esto es así para mantener una marina mercante fuerte para casos de emergencia.

En ese sentido dijo que Puerto Rico debe centrarse en determinar y documentar la falta de proporción y disparidad en la distribución del costo de tener una marina mercante. ‘Asumiendo como cierto que Puerto Rico debe contribuir a mantener una marina mercante fuerte en caso de emergencia, la pregunta es si Puerto Rico, Hawaii y Alaska están pagando proporcionalmente más que el resto de la jurisdicciones que también se benefician de tener esa marina mercante’, dijo.

Bajo esa premisa, Puerto Rico tiene un argumento porque es la jurisdicción mas pobre y depende en mayor proporción de la transportación marítima.

Destacó que el objetivo de las leyes de cabotaje es mantaner una flota mercante bien equipada y capaz de servir en caso de emergencia, pero que la flota de barcos que opera entre Puerto Rico y Estados Unidos es una anticuada cuya edad promedio es de 35 años por lo que no podría ser usada en una emergencia. Puerto Rico tiene que pagar por la ineficiencia de esos barcos en mayores costos de transportación. En ese sentido, el Departamento de Transportación dijo que las cuatro empresas navieras tienen un total de 17 embarcaciones, de las cuales cinco son portacontenedores.

A esto se le suma el costo de construcción de barcos que es tres veces mayor en los Estados Unidos, dijo Reyes.

‘Para evitar ese costo, existen dos alternativas, eximir a las navieras del requisito de comprar barcos hechos en EEUU, para lo cual existe el precedente de los barcos cruceros, o que los Estados Unidos los subsidie de tal forma que nuestra economía no tenga que pagar ese diferencial’, sostuvo Reyes en su ponencia.

Reyes le dijo a la comisión que debe tomar en consideración el costo que acarrea el tener un oligopolio formado por cuatro empresas navieras que no promueve la libre competencia.

De hecho, tres de esas companias tuvieron que pagar millonarias indemnizaciones por haber tratado de imponer precios acordados al mercado local, algo que no se menciona en el informe del GAO.

Reyes dijo que si los Estados Unidos no está dispuesto a excluir a Puerto Rico de las leyes de cabotaje, debe proveer un marco regulatorio que evite los abusos del oligopolio, y proveer excepciones y subsidios.

‘Por ejemplo, es difícil entender cómo los navieros puedan oponerse a que tratemos de abaratar sus costos de capital buscando una excepción al requisito de la construcción’, dijo.

Otra alternativa podría ser proponer que los Estados Unidos se beneficie de su relación con Puerto Rico creando un segundo registro de barcos a los cuales se les provean ciertos beneficios que compensen sus mayores costos. Esto es un fenómeno conocido como ‘flagging out’ en donde muchas jurisdicciones han creado unos segundos registros con beneficios especiales para mantener los buques bajo su bandera.

De otra parte, MIDA también sugirió pedirle a algún país con interés de que se abra la competencia el mercado de cabotaje de los Estados Unidos a que radique una querella ante la Organización Mundial de Comercio.