Según enmienda al orden de sucesión

La enmienda a la Ley de sucesión aprobada en el 2005, que exime al secretario del Departamento de Estado de estar debidamente confirmado para sustituir al gobernador de Puerto Rico en caso de una vacante fue propuesta por el entonces secretario del Departamento de Justicia (DJ), Roberto J. Sánchez Ramos, porque no es un requisito que dispone la Constitución del Estado Libre Asociado.

De acuerdo con el análisis legal sometido a la Legislatura mientras evaluaba el P. de la C. 327, Justicia planteó al menos tres preocupaciones con el lenguaje que imponía este requisito a todos los funcionarios en la línea de sucesión para ocupar el cargo en propiedad, sobre todo en el período inicial del termino del Gobernador, ante el riesgo que se creara la vacante permanente cuando ninguno de los secretarios del gabinete constitucional estuviera confirmado.

‘Tal eventualidad, en caso de una emergencia, crearía una situación caótica que todo gobierno democrático debe evitar’, lee el documento firmado por Sánchez Ramos, recomendando que añadiera una oración para activar la línea de sucesión ignorando esos requisitos.

Señaló entonces que las propuestas enmiendas al proyecto evitarían una crisis constitucional y garantizarían la continuidad y legitimidad del Ejecutivo en caso de surgir una vacante permanente en el cargo de Gobernador durante los primeros meses de administración.

Precisamente, estas enmiendas surgían en febrero de 2005 durante el llamado gobierno compartido entre el gobernador Aníbal Acevedo Vilá del Partido Popular Democrático (PPD) y una Asamblea Legislativa dominada por el Partido Nuevo Progresista (PNP). En aquel momento Acevedo Vilá había sometido la nominación de Marisara Pont como secretaria de Estado, sin que la Legislatura actuara para confirmarla.

En el caso del secretario de Estado, la opinión legal del DJ apuntaba a que sería inconstitucional añadir el requisito de confirmación como condición para suceder al Gobernador, el cual no es mencionado en la Carta Magna.

‘La situación en cuanto al Secretario de Estado cumpla con los requisitos para ser Gobernador que establece la Sección 3 del Artículo IV Sección 5 Artículo IV de la Constitución de Puerto Rico. Sin embargo, en ningún momento se dispone en la Constitución el requisito de que el Secretario de Estado tiene que estar ocupando su puesto en propiedad, habiendo sido ratificado su nombramiento para que este pueda suceder al puesto de Gobernador’, sostuvo Justicia.

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Si bien es cierto que dichas secciones no mencionan el requisito, según constitucionalistas, el diario de sesiones de la convención constituyente recoge que esa fue su intención, aseguró Jose Julián Álvarez González, catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

‘Mucho se cuidó la convención constituyente de preservar los pesos y contrapesos y requerir el aval de ambas cámaras para ese funcionario como permitir que se convierta en gobernador alguien que no posee ese aval y solo el del Ejecutivo’, sostuvo Álvarez González.

Puerto Rico se encamina a una crisis constitucional cuando al filo de las cinco de la tarde se haga efectiva la renuncia del gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, sin contar con un secretario de Estado confirmado, anticipó Carlos E. Ramos González, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

Curiosamente, durante una vista del nominado a secretario de Estado dos días antes de su salida oficial, Pedro Pierluisi Urrutia, respondió al representante de minoría Luis Vega Ramos que no sabía si se convertirá en gobernador a las 5:01 p.m. de hoy porque es ‘un asunto legal que se está evaluando en estos momentos’. Aunque el legislador popular le insistió por ‘guardarse esa carta’ insistió que, ‘Esta bajo evaluación. El país se enterará en ese entonces’.

A su salida de la vista ante la Comisión de Gobierno de la Cámara, Pierluisi Urrutia aclaró que asesores legales de Fortaleza y la Secretaria de Justicia son quienes evalúan. Precisamente, hoy se dio a conocer la renuncia de Carlos Saavedra como principal asesor legal de la Mansión Ejecutvia.

A su vez, resaltó que, ‘Mi aspiración no ha sido ser secretario de Estado sino que, en esta circunstancia, ser sustituto del Gobernador. Di un pie al frente para ofrecerme a ayudar a Puerto Rico’.

La determinación del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, de posponer para la próxima semana la consideración del designado secretario del Departamento de Estado, Pedro Pierluisi, abre la puerta a que se cuestione si la vacante la puede asumir -aunque sea de forma interina- un funcionario que no ha sido confirmado, o si se activa la línea de sucesión para que asuma el cargo la próxima funcionaria en propiedad, que es la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced.

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