FUPO y CONAPOL llevan el caso desde el 2007

La jueza Laura Taylor Swain denegó las solicitudes que llevaron a la corte de Título III el Frente Unido de Policías Organizados (FUPO) y el Concilio Nacional de Policías (CONAPOL) para levantar la paralización del caso estatal que llevaron contra el gobierno para reclamar el pago de $366 millones por aumentos salariales no honrados.

Ambas organizaciones policiales llevan reclamando el pago retroactivo por concepto de ajustes salariales desde mayo del 2007, pero el pleito fue paralizado con la declaración de Título III para el gobierno central en el 2017. En diciembre del año pasado, las organizaciones llevaron una moción urgente al tribunal de quiebras luego que el plan fiscal separara $122 millones para el pago de ajustes salariales y aumentos no honrados durante la última decada.

Fue en diciembre tambien cuando el gobernador anunció el desembolsó de los $122 millones a la Policía, por lo que FUPO y CONAPOL reclamaron que ese desembolso no garantiza que los agentes demandantes tengan prioridad de pago. Argumentaron que la corte local es el foro más apropiado para dirimir la controversia sin afectar el resto del caso de Título III del gobierno central.

El gobierno, por su parte, ripostó que la moción de los gremios policiales no demuestra causa para levantar la paralización de litigios. Señalaron además que los pagos adeudados se atenderán mediante el proceso de resolución de reclamos que lleva la corte.

Swain acogió el planteamiento del gobierno, señalando que la corte de quiebras solo puede proveer alivio si encuentra causa. En este caso, Swain indicó que los demandantes no demostraron si el levantamiento perjudicaría los intereses de otros acreedores, los intereses de la economía judicial, la resolución expedita y económica del caso y el impacto de la paralización sobre las partes y el balance de daños.

‘Aunque la corte esta consciente de el hecho que los peticionarios han estado litigando el asunto presentados en el caso por más de una decada, permitirles la oportunidad de perseguir una orden concediendole prioridad de pago sobre otros acreedores no asegurados sería injusto a otros acreedores e invitaría esfuerzos de otros acreedores para litigar sus reclamos en otras cortes, socavando la eficiencias del proceso de reclamos centralizados mediante el Título III y creando demandas adicionales sobre los recursos del gobierno’, reza la orden de Swain.

La juez añadió que, aunque el pago de $122 millones consignado en el plan fiscal solo representa una tercera parte del total que supuestamente se le debe a los policías, los gremios no aclaran si en efecto ellos representan todos los reclamos potenciales para recibir esos pagos.

Swain sostuvo que la demora en el pago de ajustes reclamados por los policías supone ser una carga que comparten con el gobierno central y otros acreedores. Sostuvo además que el gobierno ya indicó que cualquier pago que se le hiciera a los policías por este concepto se descontará de los comprobantes de reclamo radicados por agentes de la Policía en la resolución de reclamos.

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