Según la funcionaria, el protocolo responde a un señalamiento de la Oficina del Contralor de Puerto Rico hecho en 2024 sobre investigaciones en la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor que se extendían hasta 10 años.

La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Lynette Gómez Torres, negó el miércoles que existan 229 casos de corrupción archivados sin investigar y sostuvo que la cifra corresponde a casos resueltos en la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor.

“No es correcto que el Departamento de Justicia haya cerrado alrededor de 200 casos de corrupción sin investigar. Todo lo contrario, por primera vez estamos solicitando que los fiscales rindan un informe detallado sobre las gestiones de investigación en aquellos casos cuya etapa investigativa se ha extendido por más de dos años”, expresó Gómez Torres en declaraciones escritas.

Según la funcionaria, el protocolo responde a un señalamiento de la Oficina del Contralor de Puerto Rico hecho en 2024 sobre investigaciones en la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor que se extendían hasta 10 años.

Gómez Torres indicó que la cifra de 229 casos resueltos surgió en respuesta a una petición de información del senador Luis Javier Hernández Ortiz y corresponde a estadísticas posteriores a la aprobación del protocolo.

“Reiteramos que no hay 229 casos sin investigar y la estadística no se refiere únicamente a casos de corrupción. Incluso, algunos casos fueron referidos a otras agencias y entidades investigativas para continuar los procesos”, sostuvo.

Entre los casos resueltos, Justicia mencionó expedientes remitidos a otras fiscalías para evaluar delitos fuera de la jurisdicción de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, casos enviados al área civil para posible cobro de dinero y asuntos procesados criminalmente en los tribunales.

La secretaria sostuvo que algunos fiscales recomendaron cierres administrativos porque, al momento de la evaluación, no contaban con elementos de delito o prueba suficiente para sostener un caso en un tribunal.

“Esto no es final. Como hemos explicado, de obtener la evidencia que se requiere para probar el caso más allá de duda razonable, la investigación puede reactivarse”, indicó.

Gómez Torres dijo que el Departamento de Justicia reconoce las funciones de la Asamblea Legislativa y que brinda información, colabora con investigaciones de comisiones y responde requerimientos relacionados con proyectos de ley.

No obstante, sostuvo que al senador Hernández Ortiz se le entregó la información que la ley permite divulgar en esta etapa sin afectar procesos investigativos presentes o futuros.

“Sin embargo, reiteramos que la información tan amplia y general que solicitó el senador pondría en peligro procesos investigativos actuales y futuros, pues afectaría la cooperación de testigos, vulneraría los derechos de las partes que tenemos la responsabilidad en ley de proteger, expondría técnicas y estrategias de investigación y hasta podría poner en riesgo la vida y seguridad de informantes”, expresó.

“Hemos demostrado con acciones que no nos tiembla la mano a la hora de investigar, procesar y referir cuando procede legalmente y contamos con la evidencia necesaria para sostener un caso en un tribunal”, dijo Gómez Torres.