Reclaman persecución institucional.

Las empresas “Allied Fleet Services” y “AAA Car Rental” sometieron este viernes una solicitud a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) para que se inhiba de su cargo a la comisionada de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), Mónica Rodríguez Villa, reportó Telenoticias.

Las dos compañías son parte del escándalo conocido como el “croqueta fee” y “cab**n fee”, controversia que surgió tras un referido a Justicia que reveló intercambio de mensajes de texto atribuidos a la pasada comisionada Natalia Zequeira y una amiga, la cual tuvo una relación sentimental con el gerente de la empresa de alquiler de vehículos (AAA).

Fotos de los mensajes, tomados de un dispositivo Apple Watch, forman parte de los anejos a la querella. Igualmente un comunicado de la OCIF negando irregularidad alguna, recortes de periódico y una declaración jurada de cinco páginas Sebastián Carazo Forastieri, gerente general de Allied y AAA.

La querella es firmada por el abogado Iván Rivera y busca que Rodríguez Villa se inhiba de todo el proceso de querellas presentadas contra las compañías.

Las empresas denuncian que la actual comisionada «ha continuado impulsando activamente el proceso administrativo, interviniendo públicamente sobre el caso y adjudicando aspectos sustantivos de la controversia antes de la celebración de vista alguna».

Según indican, una investigación de la OCIF que culminó en el 2025 con una querella contra los ahora querellantes emana de un proceso irregular «contaminado por motivaciones personales y actuaciones dirigidas específicamente contra Allied y AAA», reza el documento.

«La actual Comisionada de la OCIF, Mónica Rodríguez Villa, lejos de mantenerse al margen mientras se dilucidan estas alegaciones, ha continuado impulsando activamente el proceso administrativo, interviniendo públicamente sobre el caso y adjudicando aspectos sustantivos de la controversia antes de la celebración de vista alguna y mientras permanecen pendientes solicitudes de inhibición y paralización ante la consideración de dicha Oficina”, reza el escrito.

El lunes, Rodríguez Villa justificó las multas impuestas contra Allied Fleet Services y AAA Car Rental, al señalar que responden a incumplimientos regulatorios y no a represalias personales.

“Ni sabía, ni participé en esos textos, ni aparezco mencionada en los textos que alegadamente reproduce la declaración jurada. De ser ciertos, el lenguaje contenido en dichos textos es reprochable, los repudio y no estoy de acuerdo con los mismos; pero lo cierto es que desconocía de su existencia; no conozco al querellante, ni participé de ninguna vendetta personal”, dijo Rodríguez Villa en declaraciones escritas.

La comisionada reaccionó a un referido presentado por el representante popular Domingo Torres García ante el Departamento de Justicia contra la excomisionada Natalia Zequeira y la actual titular de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, por supuestos actos de represalia, influencia indebida y posible abuso de poder.

Supuestamente, la excomisionada Natalia Zequeira utilizó su posición para ayudar a una amiga, Natalia Castiel quien quería perjudicar a su expareja, Sebastián Carazo Forastieri, gerente de la empresa y se enfrascaron en una controversia por, entre otros asuntos, la custodia de una perra llamada Croqueta.

Rodríguez Villa sostuvo que la Querella y Orden para Mostrar Causa emitida el 31 de octubre de 2025 contra Allied y AAA responde a un patrón de incumplimiento con leyes, reglamentos y cartas circulares aplicables a compañías de arrendamiento y financiamiento.

Sin embargo, el patrón de querellas y multas contra Allied y AAA comenzó durante la dirección de Zequeira en la OCIF. Entonces, Rodríguez Villa era la subcomisionada.

Según la comisionada, Allied estuvo autorizada para operar como compañía de arrendamiento desde agosto de 2018 hasta diciembre de 2024, pero renovó tarde su licencia en múltiples ocasiones entre 2019 y 2024.

En el caso de AAA, indicó que la empresa estuvo autorizada para operar como compañía de financiamiento desde junio de 2015 hasta diciembre de 2024, pero también renovó tarde su licencia en múltiples ocasiones entre 2018 y 2024.

Al momento de emitirse la orden, ambas empresas operaban sin licencia de arrendamiento desde el 1 de enero de 2025, mientras AAA operaba sin licencia de financiamiento desde esa misma fecha, según Rodríguez Villa.

La comisionada añadió que las empresas también incumplieron con requisitos de informes trimestrales y anuales, estados financieros auditados y otra documentación requerida por la OCIF.

“Todas estas violaciones conllevan multas y penalidades claramente establecidas en los reglamentos aplicables. Esas multas no las determiné yo, ni mi predecesora, las determinó un oficial de OCIF conforme a lo establecido en los reglamentos para estos casos”, expresó.

Rodríguez Villa dijo que la oficina intentó durante meses lograr que ambas empresas entraran en cumplimiento antes de emitir la Querella y Orden.

“Sugerir, como ha hecho públicamente un oficial de la empresa, que las acciones de esta oficina responden a una vendetta personal de algún tipo por mi parte es absolutamente falso y deplorable”, sostuvo.

La comisionada señaló que la OCIF renovó el 1 de abril de 2026 las licencias de arrendamiento de Allied y AAA, una vez las empresas entregaron la documentación necesaria.

“La mejor prueba de ello es que no obstante el largo patrón de incumplimiento de Allied y AAA, el cual les ha merecido las multas y penalidades impuestas en la Querella y Orden, tan recientemente como el pasado 1 de abril de 2026 esta oficina les renovó a ambas la licencia de arrendamiento”, añadió.

El referido de Torres García solicita a Justicia investigar si actuaciones regulatorias contra las empresas respondieron a asuntos personales, luego de la divulgación de una declaración jurada y mensajes atribuidos a Zequeira y a otra persona.

“Reiteramos que la OCIF no va a tolerar que ninguna institución financiera o empresa licenciada por esta oficina para hacer negocios en Puerto Rico en virtud de las leyes y reglamentos que venimos obligados a hacer cumplir, pretenda operar al margen o en violación de dichas leyes y reglamentos”, concluyó Rodríguez Villa.