Pero el nuevo estatuto contiene excepciones a la regla. Se conoce públicamente que LUMA Energy ha subcontratado por $600 millones a su empresa matriz Quanta Services Solutions para realizar labores de reconstrucción del sistema.

La gobernadora Jenniffer González ha convertido en ley un proyecto prohíbe, con excepciones, la subcontratación de empresas a las que se les ha otorgado contratos para dirigir alianzas público privadas.

En el comunicado de La Fortaleza solo se destaca del texto de la ley la parte en que se prohíben estas subcontrataciones y que aplica a “miembros de su unidad familiar, sus accionistas, socios, exsocios, entidades relacionadas ni exempleados”.

Sin embargo, la nueva Ley 66-2026, que enmienda la Ley de las Alianzas Público Privadas, sí abre la puerta a la subcontratación si “la persona, natural o jurídica que pretende establecer un contrato de alianza demuestre, a juicio de la Autoridad, que esta contratación, nombramiento o subcontratación es la única y mejor opción en términos de precios y servicio del contrato en que se trate”.

“Toda excepción deberá constar por escrito en el acuerdo de alianza y será aplicada de la manera más restrictiva posible”, agrega la nueva ley.

Según la gobernadora, “con estas enmiendas, se pretende continuar el mandato del Pueblo de Puerto Rico, que ordenó un gobierno de mano firme y un compromiso inquebrantable en contra de la corrupción, pública y privada, que tanto daño le han causado a las finanzas públicas, así como a las aspiraciones de progreso de nuestra gente”.

Se conoce públicamente que LUMA Energy, encargada de la alianza público privada de manejo del sistema de transmisión y distribución eléctrica, ha subcontratado por $600 millones a su empresa matriz Quanta Services Solutions para realizar labores de reconstrucción del sistema.