Columna de opinión del Juez del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico y presidente de la Federación de la Magistratura de Puerto Rico, el honorable Carlos Salgado Schwarz.

Hay un tema que los sistemas judiciales del mundo han aprendido a evitar con maestría: la salud mental de quienes administran justicia. No por falta de evidencia —la evidencia sobra— sino por el peso de una cultura institucional que confunde la vulnerabilidad con la incapacidad y el silencio con la fortaleza.

La Federación de la Magistratura de Puerto Rico decide romper ese silencio hoy, porque el bienestar de la magistratura no es un asunto privado. Es un asunto de justicia pública.

Los números son conocidos en los círculos judiciales internacionales, pero raramente se mencionan en voz alta. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 92% de los jueces experimenta estrés por su trabajo judicial con frecuencia o siempre.

El 89% reconoce que algunos de sus colegas sufren estrés o ansiedad. El 76% afirma que no dispone de tiempo suficiente para atender su propia salud física y mental. Y el dato más revelador: el 69% cree que hablar de salud mental en el entorno judicial sigue siendo tabú. No en otra profesión. En la nuestra.

Lo que la toga no protege

Quien ejerce la función judicial carga con algo que pocas profesiones imponen de manera tan constante: la responsabilidad de decidir sobre la vida, la libertad y el patrimonio de otras personas. Esa responsabilidad no se deja en el estacionamiento al salir del tribunal. Se lleva a casa. Se procesa en el insomnio. Se acumula en el cuerpo.

En Puerto Rico, esa carga tiene dimensiones particulares. Un juez o una jueza que atiende casos de violencia doméstica firma órdenes de protección sabiendo que, en algunos casos, la orden no llegaa tiempo. Quien preside un juicio por asesinato escucha testimonios que ningún ser humano debería escuchar dos veces. Quien atiende casos de maltrato a menores carga con imágenes que no se borran fácilmente. La literatura científica tiene nombre para lo que eso produce: trauma vicario, fatiga por compasión, agotamiento emocional. El sistema judicial, en cambio, rara vez tiene respuestas institucionales para atenderlo.

A eso se suma la presión estructural: la saturación de expedientes, la escasez de personal de apoyo, la exposición pública constante a críticas que en la era de las redes sociales adquieren una velocidad e intensidad sin precedentes. Un juez o una jueza que toma una decisión impopular —por más que sea jurídicamente correcta— puede encontrarse al día siguiente en el centro de una tormenta mediática que cuestiona no solo su criterio, sino su integridad. Sostener la imparcialidad bajo esas condiciones requiere una fortaleza emocional que ningún sistema judicial puede dar por sentada indefinidamente.

La comunidad internacional ya actuó: Puerto Rico debe ponerse al día.

El 25 de julio de 2024, en la isla de Nauru, líderes judiciales de todo el mundo adoptaron la Declaración de Nauru sobre el Bienestar Judicial, el primer instrumento internacional de su tipo que reconoce explícitamente que la salud y el bienestar de los jueces son esenciales para preservar la integridad, la independencia y la calidad de la justicia.

Pocos meses después, en marzo de 2025, la Asamblea General de las Naciones Unidas fue más lejos: aprobó la Resolución A/RES/79/266, proclamando el 25 de julio como el Día Internacional para el Bienestar Judicial. La resolución vincula directamente el bienestar judicial con la lucha contra la corrupción, el acceso a la justicia y la paz sostenible.

El mensaje de fondo es claro: un juez agotado, traumatizado o emocionalmente desgastado no solo sufre como persona. Toma peores decisiones. Se tarda más. Comete más errores. Y eventualmente, si el sistema no interviene, se va —llevándose consigo años de experiencia que el Poder Judicial no puede recuperar fácilmente. La retención de jueces y juezas competentes no es solo una cuestión de salarios; es también una cuestión de condiciones humanas de trabajo.

El tabú que nos cuesta caro

La cultura judicial tradicional impone una imagen de invulnerabilidad que resulta, al final, contraproducente. Se espera que el juez o la jueza sea la persona más ecuánime en la sala, en todomomento, independientemente de lo que haya visto o decidido el día anterior. Esa expectativa no es realista. Es humanamente imposible. Y exigirla sin ofrecer los apoyos necesarios para sostenerla no es rigor institucional; es negligencia institucional disfrazada de excelencia.

Hablar de salud mental en la magistratura no debilita la autoridad judicial. La protege. Un sistema que cuida a sus jueces produce justicia más consistente, más reflexiva y más digna de la confianza pública que le es indispensable. La independencia judicial no se sostiene solo frente a las presiones externas —los políticos, los intereses económicos, la opinión pública— también debe sostenerse frente a las presiones internas: el desgaste, el aislamiento y el agotamiento que corroen silenciosamente la capacidad de adjudicar con ecuanimidad.

Lo que Puerto Rico necesita ahora

La Federación de la Magistratura de Puerto Rico llama al Poder Judicial a dar pasos concretos. Primero, reconocer el problema institucionalmente y de manera pública, sin eufemismos. El Plan Estratégico 2020-2025 —hoy vencido— organizó la agenda institucional en seis ejes temáticos sin incluir el bienestar de la magistratura en ninguno de ellos. Esa ausencia no es un olvido menor; es un síntoma del tabú que esta columna pretende romper.

El próximo Plan Estratégico del Poder Judicial de Puerto Rico —cuya elaboración está pendiente— es la oportunidad precisa para corregirlo: el bienestar de jueces, juezas y personal judicial debe ser un eje transversal con metas medibles, no un párrafo de cierre.

Segundo, crear o robustecer un programa de servicios de salud mental confidenciales, accesibles y sin estigma para todos los integrantes de la judicatura —jueces, empleados judiciales, alguaciles, trabajadores sociales forenses. La confidencialidad no es un lujo; es la condición sin la cual ningún juez o jueza buscará ayuda voluntariamente en un sistema que lo evalúa y supervisa.

Tercero, integrar la gestión del bienestar en la formación continua de la magistratura. No como charla motivacional de fin de año, sino como componente permanente: manejo del trauma vicario, técnicas de regulación emocional, reconocimiento temprano del burnout. Los jueces que conocen las señales de alarma en ellos mismos y en sus colegas pueden actuar antes de que el daño sea irreversible.El 25 de julio se acerca: Puerto Rico tendrá la oportunidad de observar por primera vez el Día Internacional para el Bienestar Judicial. La Federación de la Magistratura aspira a que esa fecha no sea un acto protocolar, sino el inicio de una conversación honesta y sostenida. Detrás de cada sentencia hay una persona. Esa persona merece un sistema que la proteja, no solo uno que le exija.