Experto apunta incumplimiento con sus políticas.

El cumplimiento de Facebook con la orden de registro presentada en abril del 2017 por el Departamento de Justicia (DJ) contra tres medios digitales estudiantiles destacados en la Universidad de Puerto Rico (UPR) levanta serias preocupaciones respecto a la manera que la red social tramita solicitudes de autoridades de ley y orden.

Y es que las políticas de cumplimiento de ley de Facebook disponen que notificarán a los usuarios de solicitudes de información como parte de un requerimiento legal, a menos que esté sujeta a una orden de no divulgación. Según reportó uno de los medios afectados, Pulso Estudiantil, la orden de registro de su cuenta contenía una orden de no divulgación con duración de 90 días, por lo que al cabo de ese plazo podían ser notificados.

Sin embargo, pese a que la política de Facebook indica que proveerán ‘una notificación atrasada tras la expiración de un periodo específico de no divulgación contenido en una orden judicial’, el tracto de la historia demuestra que esto nunca ocurrió. Más aún, el reporte de transparencia de Facebook no indica que han recibido solicitudes legales del Gobierno de Puerto Rico ni en la primera mitad del 2017, cuando ocurrieron los hechos en cuestión, ni en años previos o posteriores.

‘Facebook no está obligado a informar a sus usuarios, pero ellos prometen que lo harán’, explicó a NotiCel uno de los abogados de la organización sin fines de lucro nacida en la década del 90 en California para defender los derechos digitales y la libertad en Internet, Electronic Frontier Foundation (EFF), Andrew Crocker. ‘La manera que muchas compañías manejan estas cosas es que se reservan el derecho de inspeccionar la orden de registro y si es apropiada. Pero exactamente cuánto escrutinio le dan no es preciso’, abundó.

Según Crocker, las órdenes de no divulgación o de mordaza en sí son problemáticas en la medida que atentan contra los derechos de libertad de expresión de las partes afectadas. Más aún, si el contenido de la orden resultó en acusaciones criminales, la expedición de la misma pudiese ser retada o pudiese dar fundamento para suprimir evidencia obtenida por el estado.

La orden resultó en la entrega de 1,553 páginas de contenido de las cuentas de Pulso Estudiantil, Diálogo UPR y el Centro de Comunicación Estudiantil (CCE). Según la orden, ese contenido incluyó videos de Facebook Live, fotos, comentarios, mensajes enviados y recibidos, actividad electrónica de las cuentas, data relacionada a información de localización, entre otros detalles.

Con la proliferación de las redes sociales, las autoridades de ley y orden, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, han recurrido cada vez más a las redes sociales, particularmente Facebook, para hacer órdenes de registro contra individuos. Una de las instancias más amplias trascendió en las postrimerías de las protestas caldeadas que se dieron en Washington DC el día de la jurameción del presidente Donald J. Trump.

En ese momento, la Fiscalía de Washington DC intentó obtener información sobre las cuentas personales de tres individuos que lideraron las protestas, que resultaron en el arresto de más de 200 personas. La solicitud fue retada bajo el señalamiento de que el estado se extralimitaba en su pedido al requerir demasiada información personal. Pese a que un juez limitó el pedido, todos los casos fueron desestimados por el estado.

‘Facebook no puede retar todo emplazamiento que entre por su puerta. Pero después tienes casos donde hay protestas en las que oficiales de ley podrían ir demasiado lejos y Facebook podría o no podría saber si es problemático’, sostuvo Crocker.