Proponen medidas anticorrupción.

Poco más de una semana despues de apoyar al licenciado Pedro Pierluisi Urrutia como gobernador de Puerto Rico, quien fue removido del puesto por una decisión unánime del Tribunal Supremo, representantes del sector privado se reunieron con la nueva primera ejecutiva Wanda Vázquez Garced para respaldarla en su gestión.

Sumado a la ayuda ofrecida por los participantes, que incluyó miembros de la Coalición del Sector Privado y otros grupos, se enfatizó en la implementación de medidas anticorrupción entre el sector público y el privado, así como la otorgación de contratos a los donantes cercanos de campañas políticas.

La semana pasada, una de las razones de este sector para apoyar a Pierluisi Urrutia era su conocimiento político y credibilidad en Washington. No obstante, en esta ocasión, la fortaleza que destacaron de Vázquez Garced como gobernadora fue si carácter apolítico y su carencia de aspiraciones ulteriores en el evento electoral del 2020, lo cual podría devolverle la credibilidad al sector económico.

‘En ese momento, se consideraba que la enmienda a la Ley 7 era constitucional. El mismo apoyo que le ofrecimos al señor Pierluisi es el que le vinimos a ofrecer a la señora Gobernadora, que lo es constitucionalmente. Estamos orgullosos de tener una gobernadora que no es política, que no pide dinero para campañas porque ya dijo que no se va nominar y creemos que puede tomar decisiones que el grupo en el pasado ha traído y otros gobernadores no se han atrevido a dar el paso’, expresó Jorge Argüelles Morán, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD).

Pierluisi Urrutia asumió la gobernación el 2 de agosto tras la salida de Ricardo Rosselló Nevares amparándose en la Ley 7 de 2005, según enmendada, que daba a entender que el segundo al mando en la línea de sucesión para ocupar el máximo cargo ejecutivo podía ser un Secretario del Departamento de Estado sin el consentimiento de ambas cámaras legislativas.

Al insistirse sobre el cambio de postura en cuanto al apoyo a dos gobernantes distintos, los participantes del sector privado recalcaron en la necesidad de continuar hacia adelante y olvidar el pasado.

‘Reducir esto a una persona, me parece que no debemos hablar de temas hace una semana, por que uno, por que el otro, si ya desde la semana pasada dijimos que estaba en manos del Supremo. No me parece que si es un tema de si cambió o no, creo que es hora de pasar la página. Las protestas no se ven como hace una semana, es hora de pasar la página’, aseguró el ingeniero Emilio Colón Zavala, presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Constructores de Puerto Rico.

Argüelles Morán y Colón Zavala estuvieron en sintonía, además, al hablar de los esfuerzos anticorrupción. Con la oficina propuesta, esperan que sea abierta a los comerciantes para evitar que los proyectos de desarrollo económico caigan en manos de los amigos de los funcionarios públicos o en donantes de campañas.

‘Hay muchas leyes que llaman a combatir la corrupción, hay leyes de etica que le aplican solamente al Ejecutivo, lo que yo creo que falta es medidas para prevenirlas. Está bien que la combatamos, mano dura, pero que hay que hacer para que no ocurra. Lo que nosotros estamos sugiriendo son sistemas de pesos y contrapesos o certificaciones mundialmente reconocidas para evitar sobornos y extorsión en el sector privado. Incluso hemos sugerido que empresas que vayan a participar de subastas públicas, que se tenga un sistema de certificados para prevenir actos de corrupción’, describió Colón Zavala.

En julio, agentes del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en ingles) arrestaron a la exsecretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, a la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila Marrero, al ejecutivo de BDO Puerto Rico, Fernando Scherrer, y al contratista Alberto Velázquez Piñol por un esquema de fraude de fondos federales ascendente a $15.5 millones.

Sumado a eso, y tras la publicación de un chat de Telegram que impulsó la renuncia de Rosselló Nevares y otros miembros de su gabinete, jefes de agencia confirmaron que Elías Sánchez Sifonte, exdirector de campaña del entonces Primer Ejecutivo, les cuestionó por no contratar a empresas que el representaba.

La corrupción desde el sector privado, según Colón Zavala, sería batallada con el mismo ‘sistema de prevención de pesos y contrapesos’.

A la reunión tambien acudieron Jose Ledezma, presidente de la Cámara de Comercio, y Liliana Cubano, presidenta de la Asociación Productos de Puerto Rico, quienes se mostraron esperanzados con Vázquez Garced, así como otros miembros de la Coalición del Sector Privado, como la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) y la Cámara de Comercio, además del secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy Rivera.

Entre los asuntos discutidos fueron la eliminación del impuesto al inventario, algo que Vázquez Garced se mostró a favor de eliminar según Argüelles Morán, los problemas con los permisos y el Sistema Unificado de Permisos implementado por Rosselló Nevares, así como la importancia de visitar Washington para cabildear por la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres de Puerto Rico (CDBG-DR, por sus siglas en ingles).