La Federación de la Magistratura de Puerto Rico tiene el deber de decirlo alto y claro: ese proceso fue una vergüenza institucional.

Lo que le hicieron a la jueza Ginny M. Vélez Carreras no fue justicia. Fue un sacrificio político.

El 24 de enero de 2024, Puerto Rico fue sacudido por la tragedia que hoy conocemos como la Masacre de Yauco. Tres vidas inocentes segadas por un hombre que el sistema —no una jueza— dejó caminar libre. Y ante el dolor legítimo del pueblo, el Poder Judicial, en lugar de hacer una introspección honesta y colectiva, apuntó el dedo a la magistrada más vulnerable: la jueza municipal que atendió una vista de causa probable 14 días antes del feminicidio.

La Federación de la Magistratura de Puerto Rico tiene el deber de decirlo alto y claro: ese proceso fue una vergüenza institucional.

La OAT actuó para callar, no para investigar

Al día siguiente de la tragedia —antes de que comenzara investigación alguna— la Jueza Presidenta ya había emitido un comunicado de prensa adelantando conclusiones. Tres días laborables después, sin prueba, sin análisis, sin señalamiento concreto de conducta impropia, la Oficina de Asuntos Legales recomendó iniciar proceso disciplinario. Ese mismo día, la OAT autorizó la investigación.

No hubo imparcialidad. Hubo urgencia política. La OAT no buscó la verdad; buscó un culpable para presentarle al público. Y escogió a la jueza de menor jerarquía en la cadena, aquella que no podría defenderse sin costo personal enorme.

El Tribunal Supremo —por mayoría, en In Re: Ginny Vélez Carreras, 2026 TSPR 029— lo dijo sin ambages: la OAT se embarcó en una investigación dirigida a un resultado preconcebido. Nosotros lo suscribimos completamente.

El Ministerio Público falló. Y nadie lo investigó.

La fiscal a cargo de la vista sabía del historial delictivo del imputado. El agente investigador sabía. La Intercesora Legal sabía. Ninguno dijo nada durante la vista. Ninguno alertó a la jueza de que la supervisión electrónica era obligatoria. Ninguno solicitó reconsideración ese día. Esperaron catorce días para presentar una moción «urgente» —a las 4:55 de la tarde— mientras la víctima seguía en peligro.

¿Se les inició algún proceso disciplinario? No. ¿Se investigó a algún fiscal? No. Todos declinaron cooperar con la investigación.

La jueza Vélez Carreras preguntó al Ministerio Público en más de una ocasión si había algo más que debía considerar. El Ministerio Público le dijo que dejaba las medidas de seguridad a su discreción. Y hoy, esa jueza fue la única procesada.

Eso no es rendición de cuentas. Eso es impunidad selectiva.

La independencia judicial no es un privilegio. Es una garantía ciudadana.

Cuando un juez o una jueza teme que un error de derecho —revisable en apelación— pueda costarle la toga, deja de juzgar con imparcialidad. Juzga con miedo. Y un juez que juzga con miedo no protege a nadie.

La mayoría del Tribunal Supremo lo entendió con claridad: sancionar a la jueza Vélez Carreras no por deshonestidad ni favoritismo, sino por no haber sido perfecta en una sala adversativa donde todos los demás actores también fallaron, habría sido una estocada a la independencia judicial que los ciudadanos necesitan para tener un foro justo.

La Federación de la Magistratura de Puerto Rico exige que se investigue con igual rigor a todos los actores del sistema que fallaron aquel 10 de enero de 2024. Exige que la OAT rinda cuentas por un proceso disciplinario que el propio Tribunal Supremo calificó de ilegítimo. Y exige que nunca más se use una tragedia colectiva para destruir individualmente a quien menos poder tiene en la sala.

La toga es negra. Representa imparcialidad. Y la imparcialidad comienza por no condenar a quien no tiene culpa para callar a quienes sí la tienen.

El autor escribe en su capacidad como Presidente de la Federación de la Magistratura de Puerto Rico. Las expresiones contenidas en este artículo son emitidas en capacidad institucional como Presidente de la Federación de la Magistratura de Puerto Rico, organización independiente. No representan la posición oficial de la Rama Judicial de Puerto Rico.