La Junta de Control Fiscal (JCF) no tiene contemplado solicitar al Congreso que enmienda PROMESA para extender a diciembre la moratoria del pago de la deuda pública como ha solicitado el gobierno confiados en el plan fiscal.

Ana Matosantos, miembro de la JCF y el director ejecutivo de la junta, Ramón Ruíz Comas, están confiados en que, si se va a la mesa de buena fe, el gobierno y los acreedores podrán llegar a acuerdos para renegociar la deuda antes del 1 de mayo, término en que vence la moratoria que protege al gobierno de demandas de cobro.

‘Pensamos que, si la gente viene de buena fe y con enfoque de trabajar con lo que hay, en términos de las limitaciones y de la cantidad de dinero disponible, se puede. Pensamos que vamos a trabajar y hay suficiente tiempo’, sostuvo Matosantos.

El gobierno ha solicitado tiempo adicional para finiquitar los acuerdos con todos los bonistas y extender la protección a demandas, que se anticipan radicarán sobre las obligaciones que desde el pasado año han caído en incumplimiento. No obstante, Matosantos mencionó que no tiene una bola de cristal para saber qué ocurrirá a partir de esa fecha, aclararando luego que bromeaba.

‘Si tuviera una bola de cristal estaría en Las Vegas. Estaba bromeando. Pensamos que hay tiempo para poder llegar a eso y que hay opciones’, dijo Matosantos.

‘La realidad hoy es que el 1ro de mayo es la fecha que existe por lo que nuestro plan de trabajo es que para mayo primero hay que terminar esas negociaciones. En este momento esa es la realidad’, añadió Ruiz Comas.

Matosantos dijo que la viabilidad de una extensión es una prerrogativa congresional y que, por lo cercano del vencimiento de moratoria, es que era necesario tener un plan fiscal para continuar las negociaciones con los acreedores y lograr acuerdos con los bonistas.

Indicaron que la reestructuración de la deuda es necesaria para llegar al balance fiscal para lo que se destinarán $800 millones a partir del 2019 para todos los acreedores. Insistieron ese es el número base para la restructuración de los pagos de las obligaciones del gobierno.

‘Ayer se aprobó un plan fiscal. Estábamos enfocados primero en que hubiera proyecciones económicas y de gastos razonables para que fuera la base para determinar los fondos disponibles para el repago de deuda. Y el repago de deuda no tiene nombre ni apellido’, dijo a periodistas Ruiz Comas.

Cuando se le preguntó si se respetarán las garantías constitucionales de los bonos de obligaciones generales (GO’s), Matosantos recalcó que La deuda se renegociará bajo los parámetros de la Ley PROMESA para llegar a un nivel sostenible.

‘La Constitución es una ley y PROMESA es una ley y se trabaja con la restructuración de la deuda en línea con las leyes y lo que hay disponible’, señaló. El presupuesto contará además para sus ingresos con los fondos que ahora se separan del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) para pagar los bonos de COFINA.

La firma Ernst <>& Young ha comenzado una evaluación de los 52,000 millones de la deuda pública cubierta por el plan fiscal para determinar cuándo y para qué se tomó prestado, explicó Matosantos. La evaluación no es una auditoría de la deuda. Tampoco tiene el objetivo de determinar su legalidad./p