Las vistas públicas de la Cámara dieron inicio, tras un breve debate entre miembros de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) y la representante penepe, Lourdes Ramos, quien solicitó, sin exito, que se le tomara juramento a Hector Mayol, administrador de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (ASR), al traer a la atención que el cuatrienio pasado el funcionario había dicho que las tres emisiones de bono por un total de $3,000 millones que hizo UBS, tuvieron efectos adversos para el Sistema, y en días recientes, señaló todo lo contrario.

De acuerdo al funcionario, de los $3,000 millones producto de las emisiones de bono, se usaron $1,500 millones hasta el 2011 para el pago de pensiones. Los otros $1,500 millones se utilizaron, $600 millones para saldar una deuda con el Departamento de Hacienda, y de los restantes $900 millones se destinó una partida para otorgar préstamos a los empleados, otra para invertir, y quedó un remanente en la cartera de inversiones.

A preguntas de Ramos de por qué ahora decía que la transacción fue un buen negocio para Puerto Rico, respondió ‘porque de no haberse hecho, no hubiésemos podido pagar las pensiones, ni siquiera en el 2008-2009, donde se usaron cerca de $600 millones. Tengo que decir que nadie jugó ruleta con esos fondos. El Sistema ha podido pagar íntegramente todas las pensiones, sin tener que gravar el Fondo General’.

Mayol pareció reafirmarse en su postura de que había sido una buena transacción para Retiro, pese a que Conway MacKenzie, Inc., firma que él mismo contrató, le había dicho todo lo contrario en un informe.

Mayol también se contradijo con su aseveración del efecto positivo de la transacción, al ser abordado por el representante Nardén Espinosa, en donde reconoció que con la caída de la bolsa de valores en el 2008, ‘la porción que estaba en acciones tuvo una reducción. La reducción global de esa cantidad, probablemente rondó entre 10% y 12%, porque había mucho invertido también en bonos’.

Por otra parte, no quiso aquilatar el cuestionamiento hecho por el representante José Aponte, de si los tres roles que jugó UBS en la transacción, podrían considerarse que hubo sana administración pública.

En ese sentido, manifestó que ‘entiendo que usted ya esta entrando en materia que se esta dilucidando en las cortes, y yo soy uno de los demandados’.

El representante Rafael ‘Tatito’ Hernandez, presidente de la Comisión de Hacienda, no permitió a Mayol que aclarara bajo qué funciones había sido demandado, alegando que a Aponte se le había terminado su tiempo.

Hay que recordar que Mayol fue director de Samuel A. Ramirez & Co., Inc., una de firma que fungio como ‘underwriters’ en la transacción; además, en entrevista previa con NotiCel, Mayol había aceptando que en su carácter personal había comprado parte de estos bonos.

Durante ese momento se escuchó a Ramos reclamar que Mayol debia renunciar a su cargo.

Más temprano en las vistas

De otro lado, en su ponencia, Mayol planteó que una vez se terminen todos los activos de las arcas de pensiones en el 2019-2020, el Fondo General tendría que sufragar el 40% de las pensiones, pues las aportaciones patronales y de los empleados no serían suficientes

Dijo que el déficit actuarial del Sistema de Retiro Central, que ronda los $25,000 millones, aumentó por casi $18,000 millones desde el 2001.

Bajo este cuadro, Mayol argumentó que se debe llevar a cabo la Reforma propuesta por el Ejecutivo.

Al adentrarse al Plan Híbrido de Contribución Definida, aseguró que tendría beneficios para los futuros pensionados, pese a que expertos han planteado que afectará adversamente a las pensiones, y que éstas podrían ser pensiones de ‘limosna’.

Según Mayol, los empleados públicos acogidos a las leyes 447 y 1, que al 1 de julio ya cumplen con el término para jubilarse, pueden continuar en el servicio público y al retirarse, tienen derecho a su pensión regular, y adicional, una anualidad por lo que hayan acumulado en el rendimientos de las inversiones de sus aportaciones hasta ese momento.

En el caso del resto de los empleados, se le honra lo que hayan acumulado bajo el plan de beneficios definidos, y esto se añade a la anualidad por el rendimiento de sus aportaciones.

Por su parte, los participantes de la Reforma 2000, tendrán ahora derecho a una anualidad, en vez de un pago global de lo acumulado en su cuenta de ahorros, pero no queda claro la base de su cálculo.

La mayoría de los empleados públicos son participantes de la Reforma 2000.

‘Las aportaciones de los participantes al Programa Híbrido de Contribución Definida están 100% garantizadas por el Sistema de Retiro y van a poder recibir una rentabilidad de inversión adicional, que nunca será menor al 80% del rendimiento de la cartera de inversión del Sistema’, puntualizó Mayol.

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