Según denunciarion varias agencias y organizaciones, en los municipios no existe suficiente peritaje para trabajar estas solicitudes.

Diferentes agencias y el gremio que agrupa los alcaldes penepés expresaron su rotunda oposición al proyecto de ley que busca que sea requisito conseguir un endoso municipal, particularmente de la Oficina de Planificación municipal, para que se pueda construir una torre de telecomunicaciones.

El Proyecto del Senado 764, radicado por el senador y exalcalde popular de Comerío, José A. Santiago Rivera, fue evaluado en una vista pública de la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del senador Héctor “Gaby” González López. 

A pesar de que la medida legislativa expone que en los últimos años varios municipios han enfrentado la proliferación de torres de comunicaciones, las agencias citadas insistieron que el proyecto, tal como está radicado, obstaculiza el proceso. 

Actualmente la responsabilidad de velar por el cumplimiento, evaluación y otorgación de permisos recae en la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe). En el caso de que los municipios reciban solicitudes, deben ser remitidas a la OGPe dentro de un término no mayor de 10 días. 

En los pasados años han sido varios los altercados en comunidades de diferentes municipios que han denunciado la “ubicación indiscriminada que impacta negativamente la estética del entorno y tiene un impacto negativo en la calidad de vida de las comunidades”, reza la medida. 

“Además, se han autorizado proyectos en áreas residenciales y en zonas ecológicamente sensitivas, generando serias preocupaciones en torno al bienestar de los ciudadanos y la protección del medioambiente”, agrega el proyecto.

La Junta Reglamentadora de Servicio Público  señaló que esta medida provocaría la creación de 78 marcos regulatorios con jurisdicción sobre la instalación y ubicación de torres de comunicaciones y que esto provocaría dilaciones en la agilización de los proyectos para otorgarle los permisos. 

El PS764 coloca como requisito para que se obtenga un permiso para la instalación de una torre de comunicaciones el endoso del municipio a través de su Oficina de Planificación. Mientras, aquellos que no cuenten con esta oficina, el proceso pasará a ser evaluado como un proyecto de ordenanza municipal atendida por la Legislatura del ayuntamiento. 

“Entendemos que los municipios carecen de la pericia requerida conforme a las reglamentaciones locales y federales, razón por la cual consideramos desfavorable la medida”, expuso la Junta Reglamentadora. 

Por su parte, la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones también se opuso a la medida insistiendo que la aprobación de esta enmienda impediría que la industria crezca y es alcance mejor cobertura en áreas que no tienen servicio o están subatendidas.

“Impediría también que áreas donde ha aumentado la demanda o el tráfico se puedan instalar estructuras para antenas de telecomunicaciones para manejar la carga. En estos momentos cuando se están realizando tantos esfuerzos para cerrar la brecha digital , el proyecto obstaculiza el mejoramiento de los servicios que van a requerir posiblemente tres veces más la necesidad de estructras de telecomunicaciones. Esto implica una inversión de cientos de millones entrando a nuestra economía en los próximos cinco años”, expresó.

La Federación de Alcaldes también expresó su oposición a esta medida. Según la ponencia sometida en la vista pública, aunque la intención del proyecto es válida, “su forma actual puede ocasionar obstáculos innecesarios, retrasos significativos e imposición de costos adicionales sobre el sector privado. Esto podría afectar la expansión de infraestructura crítica para las telecomunicaciones, un servicio esencial para la economía moderna, la seguridad pública y la competitividad de la Isla”.