El Proyecto del Senado 777 busca «fortalecer la autonomía municipal» y «optimizar la administración pública».

Con miras a fortalecer la autonomía municipal y optimizar la administración pública, el Senado de Puerto Rico aprobó el Proyecto del Senado 777 (P. de S. 777), una medida presentada a petición de la Federación de Alcaldes y que fue descargada ayer durante Sesión Ordinaria.

El presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, autor de la medida, defendió el proyecto, afirmando que no busca otorgar privilegios ni “cheques en blanco”, sino proveer herramientas para que los ayuntamientos puedan servir mejor a sus comunidades y proteger los empleos municipales. “El P. de S. 777 es una medida responsable y necesaria para que los municipios puedan seguir operando de manera efectiva en tiempos difíciles”, indicó el presidente senatorial.

Asimismo, el explicó que el proyecto mantiene las mismas disposiciones del Proyecto del Senado 615, con excepción del tema relacionado a los canales de voz, y aclaró que el mismo permite que los alcaldes puedan acogerse voluntariamente al sistema de retiro de los empleados municipales, bajo las mismas condiciones y porcentajes, garantizando igualdad en los beneficios.

“Esta legislación busca que los gobiernos municipales puedan seguir funcionando ante un escenario cada vez más complejo. Es una alternativa para ayudar a la gente, no para beneficiar a los alcaldes, ni quitarle propiedades a nadie”, puntualizó.

La medida revisa y actualiza artículos de la Ley 107-2020 para garantizar que los ayuntamientos «cuenten con herramientas modernas y efectivas que permitan la ejecución responsable y eficiente de sus funciones».

Sin embargo, la propuesta no estuvo exenta de críticas. El senador Josian Santiago Rivera, del Partido Popular Democrático (PPD), expresó su desacuerdo y señaló que las enmiendas propuestas a petición de la Federación de Municipios no abordan la problemática fiscal de los gobiernos municipales.

“Con dolor en el alma no puedo celebrar estas enmiendas al código municipal porque no dan con el problema que enfrenta los gobiernos municipales”, enfatizó.

Además, advirtió que el proyecto incluye propuestas que podrían generar dudas y dificultar la labor de los municipios en asuntos de interés público.

Como presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y consciente de las situaciones fiscales que enfrentan los gobiernos municipales y mantiene a muchos en riesgos de quedar inoperantes, dijo “tener en sus manos una situación complicada”.

“Los retos que tienen los municipios hay que atenderlos de una manera que se enfoque en la prestación de servicios esenciales. Y nada de eso toca este proyecto”, sentenció.

Por su parte, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), votó en contra del proyecto por preocupaciones sobre la reclasificación del suelo rústico.  

Señaló que eliminar la protección especial de estos terrenos permitiría a los alcaldes decidir sobre su uso, exponiendo a valiosos espacios ecológicos a posibles riesgos. “Los alcaldes no cuentan con el peritaje que tiene un planificador para disponer de dichos terrenos”, argumentó Santiago Negrón.