La Cámara también hizo una petición formal al DDEC para tener copia del informe investigativo sobre evaluación de propuesta en OGPe.

La Cámara de Representantes aprobó el martes el Proyecto del Senado 716, que aumenta de $100 a $500 la multa a los conductores que se nieguen a dar paso a vehículos de emergencia autorizados que se encuentren emitiendo señales de alarma.

La pieza enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito con el objetivo de “disuadir la conducta agresora que pueda repercutir el ignorar las señales de alarma ante el acercamiento inmediato de un vehículo de emergencia”.

La exposición de motivos de la medida, que recibió 44 votos a favor, indica que la propuesta es necesaria, no sólo para la protección de la vida de personas que están siendo transportadas en situaciones de emergencia, o, de vehículos de emergencia que se dispongan a llegar a alguna escena, sino para colaborar a desarrollar una sociedad puertorriqueña más empática en situaciones de emergencia”.

Por otra parte, el portavoz del Partido Popular Democrático, el representante Héctor Ferrer Santiago, solicitó que se activen los mecanismos del Cuerpo para que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) entregue el informe final de la investigación realizada por la firma HRML, LLC., relacionada con alegadas intervenciones indebidas en un proceso competitivo para la otorgación de un contrato publicitario en la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe) que provocó la renuncia del secretario del departamento, Sebastián Negrón Reichard..

DDEC se negó a entregar el informe pero, según el legislador, “no se menciona ningún tipo de privilegio que establezca jurisprudencia para no entregar dicha información solicitada por lo que entendemos el DDEC se está negando a entregar la información solicitada por lo cual solicitaríamos que se proceda con los mecanismos legales que tiene la Cámara de Representantes para solicitar la información”.

El informe es parte de un expediente que Negrón Reichard entregó a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) el lunes. El presidente cameral, Carlos Méndez Núñez, dio paso a la petición.

Durante los trabajos legislativos, le dieron paso al Proyecto de la Cámara 1190, del representante Roberto López Román, que enmienda la Ley de las Licencias y Certificados en Ambos Idiomas Oficiales, para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a tomar las medidas necesarias para expedir los títulos de propiedad y licencias de vehículos de motor en español e inglés simultáneamente en un mismo documento.

Igualmente, fue avalado el Proyecto de la Cámara 1195, de la autoría del representante José Torres Zamora, el cual enmienda el Código de Seguros de Puerto Rico, a los fines de establecer el deber afirmativo de orientación al consumidor por parte de los productores de seguro.

En cuanto al cuerpo hermano, se aprobó el Proyecto del Senado 994, que enmienda la Ley de Salud Mental del 2000, con el fin de uniformar sus disposiciones con el Código Penal de Puerto Rico.

Además, fue refrendado el Proyecto del Senado 178 que añade lenguaje a la Ley de Capacitación del Personal de Supervisión en el Servicio Público, para incluir información en torno a los derechos y beneficios de las personas con impedimentos, como parte de las capacitaciones que deben tomar los funcionarios con responsabilidades de supervisión de personal en las agencias. La Defensoría de las Personas con Impedimentos estará a cargo de ofrecer dichas capacitaciones.

Mientras tanto, fue ratificado el Proyecto del Senado 567, para crear la Ley Especial para Uniformar el Proceso de Titularidad de los Bienes Inmuebles del Gobierno de Puerto Rico, a los efectos de establecer un procedimiento especial mediante el cual cuando no se identifique al titular de un bien inmueble que pertenece a la Rama Ejecutiva, el DTOP certificará que el bien pertenece al Gobierno y lo representará como custodio durante los procesos para disponer del mismo.

Así también fue aprobado el Proyecto del Senado 773, que reforma la Ley de Fideicomiso de Puerto Rico a los fines de incorporar la figura del fideicomiso revocable, para estar a la par con el Union Trust Code que rige en los Estados Unidos, además de facultar al Director de Notarías a expedir certificaciones de las constancias del Registro de Fideicomisos.

A la lista de aprobaciones se unió el Proyecto del Senado 898, que reconoce la Lengua de Señas Puertorriqueña (LSP) como lengua natural de la comunidad sorda de Puerto Rico y establece la política pública que garantiza la inclusión, diversidad y el respeto a los derechos lingüísticos de esta población, recibió el beneplácito de los legisladores y el Proyecto del Senado 1030, que enmienda el Código Civil de Puerto Rico a los fines de aclarar el mecanismo notarial que se aplicará para modificar acuerdos que formen parte de una estipulación de divorcio, fue apoyado por la mayoría de los legisladores.