Reiteran que la solicitud legislativa para obtener información sobre 229 casos archivados constituye una petición indiscriminada e incompatible con los criterios de razonabilidad, pertinencia y propósito legítimo.

La subsecretaria de Justicia, licenciada Annette Esteves Serrano, reafirmó hoy la posición institucional del Departamento de Justicia de actuar conforme a derecho y no ceder a presiones políticas, esto en relación a expresiones del portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, Luis Javier Hernández.

“Esta agencia actúa guiada estrictamente por el debido proceso, la normativa aplicable y la protección indeclinable de las garantías constitucionales”, sostuvo la funcionaria.

Esteves Serrano reiteró que la solicitud legislativa para obtener información sobre 229 casos archivados constituye una petición indiscriminada e incompatible con los criterios de razonabilidad, pertinencia y propósito legítimo, que rigen la facultad investigativa legislativa.

La subsecretaria enfatizó que el requerimiento se configura como una “fishing expedition”, rechazada por el ordenamiento jurídico por su carácter especulativo. Añadió que divulgar expedientes archivados vulneraría el privilegio de confidencialidad, la expectativa de intimidad de ciudadanos no acusados y la protección de quienes colaboraron bajo garantía de reserva absoluta.

Esteves Serrano aclaró que la Orden Administrativa 2025-09 no autoriza cierres en bloque. Cada expediente debe cumplir 13 parámetros específicos, incluyendo un informe detallado del fiscal con evidencia, gestiones investigativas, hallazgos y base jurídica. “Cada expediente conlleva un análisis individualizado, documentado y justificado”, afirmó.

Asimismo, rechazó la comparación con el caso de Suzanne Roig Fuertes, ya que señaló que el manejo de este respondió a circunstancias particulares de alto interés público y a información previamente divulgada. “Pretender extrapolar ese manejo carece de fundamento jurídico”, puntualizó.

Añadió que, en el Departamento, sus funcionarios reafirman el cumplimiento estricto con la Ley Núm. 2 y destacó que la Orden Administrativa 2025-09 responde a hallazgos de la Oficina del Contralor para agilizar evaluaciones, fortalecer la gestión institucional y asegurar la rendición de cuentas.

“La misión del Departamento es clara: procesar conductas delictivas cuando existe evidencia, al tiempo que protegemos los derechos constitucionales de todos los ciudadanos”, sostuvo la subsecretaria y puntualizó que el Departamento continuará atendiendo requerimientos legislativos dentro del marco constitucional y del Estado de Derecho.