Después de que el gobierno central dejara de cooperar, la Junta de Control Fiscal (JFC) prohibió directamente el viernes que los municipios realicen actos bajo las leyes 141 y 215 de 2024 que flexibilizan las subastas y las compras en los ayuntamientos, así como que permiten el cobro de ciertos arbitrios de construcción.

Ambas leyes se desarrollaron por proyectos que presentaron legisladores de los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD).

La 141 duplica la cantidad que activa la necesidad de subasta pública o proceso competitivo para construcciones o mejoras públicas (de $200,000 a $500,000). Permite que, durante una emergencia, contratos de hasta $1 millón se adjudiquen sin subasta. La 215 duplica el mínimo necesario para hacer un proceso de requerimiento de propuestas sellado (de $100,000 a $200,000) y más que triplica el mínimo para “micro compras” (de $3,000 a $10,000). También, elimina la exención del pago de arbitrios de construcción que ahora aplica para proyectos que son propiedad de personas/entidades tanto públicas como privadas, que están exentas del pago de impuestos. Por ejemplo obras de reconstrucción o mitigación que realizan entidades sin fines de lucro o el propio gobierno.

Desde enero del año pasado, la JCF le planteó a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) que tienen bajo estudio las leyes para una determinación final sobre las anulan o no y que, en tanto, no se pueden poner en vigor. En enero de este año, AAFAF le dijo al ente fiscal que el gobierno no las estaba implantando pero que no le iba a dar información sobre la implantación a nivel de los municipios. La Junta observó que esto sucedió a pesar de que, por ley, AAFAF es también responsible financieramente de los municipios.

Según la carta del viernes, ante esta postura de AAFAF, para evitar más dilaciones y porque han conocido que los municipios están haciendo ordenanzas para alinear sus procesos de compra a estas dos leyes, la JCF decidió ir directamente a los ayuntamientos para reiterarles la prohibición de poner en vigor las leyes y para pedirle información específica a tres de ellos: San Juan, Dorado y Vega Baja.

La información abarca lo relativo a cualquier acción para poner en vigor las leyes; todos los contratos sin subasta, o sin proceso de adjudicación publico, en exceso de $200,000 otorgado desde el 8 de agosto de 2024; todos los documentos de “micro compras” en exceso de $3,000 realizadas sin subasta o proceso público desde el 20 de septiembre de 2024; y récords de todos los arbitrios de construcción impuestos o cualquier ingreso que hayan generado de proyectos financiados con fondos federales o locales desde el 20 de septiembre de 2024.

La comunicacion está dirigida a los alcaldes de estos tres pueblos, pero copia también a los presidentes de la Federación de Alcaldes (Gabriel Hernández Rodríguez) y de la Asociación de Alcaldes (Jorge González Otero), así como al director ejecutivo del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales, Javier García Cintrón.

La JCF aclaró que todavía no ha terminado su evaluación sobre la anulación de las leyes y que está dispuesta a discutir alternativas con los alcaldes, pero condicionado a que “suspendan cualquier esfuerzo para implantarlas y reviertan cualquier acción tomada para ejecutarlas”.

En sus objeciones anteriores, el ente fiscal había planteado que no se ha demostrado la necesidad que tenían los municipios para que les concedieran esas flexibilizaciones; que no tienen comparación con los procesos de compra en el gobierno federal y que los mínimos de subasta y adjudicación pública que se establecen en las leyes duplican los que hay en las ciudades grandes como Atlanta, Nueva York y Philadelphia.

También citaron el “historial de corrupción” en los municipios de la isla.

Vea:

Junta esgrime el “historial de corrupción” para frenar ley que liberalizaba más las compras en municipios

Lea la carta aquí.