Habría que pagar una fianza equivalente al 10% del valor del proyecto que se quiere impugnar.

La gobernadora Jenniffer González estampó su firma en un proyecto de ley que, entre otras cosas, requiere el pago de una fianza para solicitar que se detenga una obra de construcción como parte de un proces de impugnación de permisos.

Esa fianza nunca será menor del 10% del valor del proyecto propuesto.

“El requisito mandatorio de fianza aquí dispuesto, y el monto mínimo establecido por la misma, se aplicará a todo procedimiento judicial o administrativo y regirá con carácter de especialidad sobre cualquier otra disposición relacionada”, lee la nueva Ley 82-2026.

El proyecto es de la autoría de los representantes Jorge Navarro y Luis Jiménez Torres.

“Esto limitará impugnaciones basadas exclusivamente en alegados incumplimientos de ley o reglamento cuando no medie un daño particular al promovente, y a la vez refuerza un estándar más definido para evaluar legitimación en controversias de permisos. Lo cual brindará mayor certeza jurídica y uniformidad en la aplicación de la Ley de Permisos”, lee un comunicado de La Fortaleza.

El proyecto también enmienda el Código Municipal para flexibilizar ciertos usos en suelos rústicos especialmente protegidos bajo criterios relacionados con proyectos estratégicos, infraestructura crítica, estudios técnicos y ambientales. 

Específicamente, permite que se utilice lo que se conoce como Suelo rústico especialmente protegido para la construcción de proyectos designados por el Gobierno o por el municipio o como estratégicos, prioritarios, o de infraestructura crítica; y/o que cumplan con los criterios de designación de proyectos críticos bajo la Sección 503 de la  Ley PROMESA. Igualmente, si se trata de un proyecto estratégico al amparo de la Ley 19-2017, conocida como “Ley para Simplificar y Transformar el Proceso de Permisos de 2017”.

“Esa designación por parte del Estado de por sí demuestra que su incorporación al desarrollo urbano responde a necesidades estratégicas que promueven el desarrollo económico o el bien común”, indica la nueva ley.

Iguamente se podrá construir si se justifica, mediante estudios técnicos y ambientales que el desarrollo es compatible.