La madre de un joven compartió su testimonio y, aunque evidenció el problema con la venta libre de productos derivados de cannabinoides sintéticos, la discusión trajo a flote una crítica al consumo de la planta en general.

La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes celebró ayer, martes, una vista pública para evaluar el Proyecto de la Cámara 223, legislación que propone facultar al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) a reglamentar y fiscalizar productos que contienen cannabidiol (CBD) y otros cannabinoides cuando son vendidos en comercios no autorizados como gasolineras.

La audiencia estuvo marcada por el testimonio de Zulema Vázquez, madre de un joven universitario que, según ella relató, sufrió un episodio severo de psicosis tras consumir marihuana sintética tipo Delta-8 en forma de ‘vape’, adquirida legalmente en una gasolinera.

Su hijo perdió su estabilidad emocional, su beca universitaria, y desde entonces ha sido hospitalizado múltiples veces, según expresó Vázquez, quien pidió la eliminación total de estos productos no regulados y los calificó como una amenaza de salud pública. En su ponencia, la madre también denunció que estos artículos se promocionan con sabores dulces y colores llamativos para atraer a menores, mientras detalló efectos adversos como vómitos, pérdida de memoria y daño renal.

Aunque su testimonio evidenció un grave problema con la venta libre de cannabinoides sintéticos, la discusión derivó en momentos hacia una crítica general al cannabis medicinal.

La representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, cuestionó incluso la legalidad de toda la industria, alegando que “esto es legalizar la marihuana en las alegadas clínicas de cannabis (dispensarios)” y que “la marihuana medicinal es un invento que le ha hecho daño al pueblo de Puerto Rico”. También afirmó, sin evidencia, que el cannabis medicinal se mercadea “por la libre” en la Isla, sin reconocer los controles y licencias que exige el marco legal vigente.

No obstante, estas expresiones fueron rápidamente contrastadas por el presidente de la Comisión, Gabriel Rodríguez Aguiló, quien puntualizó que el proyecto no va dirigido a la industria del cannabis medicinal, sino precisamente a cerrar la brecha que permite la venta de cannabinoides sin control.

“No se debe confundir la marihuana medicinal con estos productos. Son cosas distintas. Estos vapes sintéticos se alteran químicamente, se venden como si fueran legales, y muchos sobrepasan el límite de THC permitido por ley”, explicó. Rodríguez Aguiló incluso presentó marcas específicas que, según análisis en su poder, exceden el 0.3% de THC que establece el marco federal, lo que los haría ilegales bajo las leyes vigentes.

El representante también reveló que actualmente solo hay cuatro inspectores en la Oficina para el Control del Cáñamo (ONIC), lo que complica aún más la fiscalización de este mercado creciente.

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El Proyecto de la Cámara 223 continúa bajo evaluación, mientras el debate evidencia la urgencia de distinguir entre un mercado regulado y otro que opera sin supervisión alguna.

La confusión pública entre ambos ha llevado a posicionamientos que, si bien surgen a causa de experiencias personales, reales y, en ocasiones dolorosas, corren el riesgo de desinformar y estigmatizar.