Entre los referidos están el secretario de la gobernación, Antonio L. Pabón Batlle; la exjefa de Adsef, Surima Quiñones; José A. Galarza Vargas, María Teresa Zayas Gierbolini, y la senadora Evelyn Vázquez Nieves.

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) informó esta tarde que, luego de recibir el informe de investigación preliminar de manos del Departamento de Justicia (DJ), hay «causa suficiente» para comenzar una investigación a fondo sobre los hechos que involucran a la gobernadora Wanda Vázquez y otros funcionarios del Partido Nuevo Progresista (PNP) por el manejo de suministros tras la emergencia de los terremotos en los municipios del sur y suroeste de la isla.

«La determinación del Panel, consignada en una Resolución, indica que evaluó el Informe de Investigación Preliminar suscrito por la Directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, Fiscal de Distrito Phoebe Isales Forsythe, y por el Fiscal Auxiliar, Pedro Tomas Berríos Lara. Dicho informe también fue refrendado por la entonces Secretaria de Justicia, licenciada Dennise Longo Quiñones», detallan en su comunicación escrita.

En consideración de lo antes expuesto, el Panel acogió la recomendación del DJPR de que en este caso se nombre un Fiscal Especial Independiente. Ello, al concluir que existe causa suficiente para disponer que se realice una investigación a fondo sobre las infracciones de ley que se les atribuyen a los funcionarios que fueron referidos.

Asimismo, el comunicado indica que los otros funcionarios que serán investigados son: Antonio L. Pabon Batlle, Surima Quiñones, José A. Galarza Vargas, María Teresa Zayas Gierbolini, y Evelyn Vázquez Nieves.

En cuanto al Senador Nelson Cruz Santiago y al señor Peter Muller Maldonado, el Panel determinó el archivo del caso.

El documento menciona «Ia posible intervención de políticos en Ia entrega de los alimentos por parte de ADSEF (a los damnificados por el terremoto de 7 de enero de 2020) y el posible conocimiento y autorización de varios empleados de Ia Administración Central de ADSEF».

También se argumenta que se permitió la participación e interferencia indebida de funcionarios electos en las reparticiones de alimentos que fueron realizadas como parte de las funciones ministeriales de Ia agencia.

Además, se sostiene que durante la pesquisa se obtuvieron fotografías, videos, páginas de Facebook y fotocopias de aparentes “screenshot” de mensajes de texto.

Se detalla también que Quiñones, Galarza y Zayas incurrieron en “conducta impropia dentro o fuera del trabajo de tal naturaleza que afecte el buen nombre o refleje descrédito o ponga en dificultad a Ia Agencia, cualquier otra agencia o dependencia del gobierno”.

A estos también se les atribuye “conflictos con los mejores intereses de Ia agencia o del gobierno”, y el «manejo indebido de fondos o bienes o servicios de la agencia».

Del texto también se desprende que hubo «represalias y acciones adversas contra una funcionaria que actuó conforme lo exige Ia ley», además de señalamientos de entidades federales por alegados incumplimientos incurridos por la Administración de Desarrollo Socioeconómico de Ia Familia (ADSEF), ante el hecho de que el Programa de Distribución de Alimentos es un programa 100% federal a través del Food and Nutrition Service (FNS) del Departamento de Agricultura Federal (USDA).

Por otro lado, Ia investigación incluye Ia posibilidad de que un miembro de Ia Asamblea Legislativa pudiese haber incurrido en conducta sancionada por Iey, entre otras infracciones, por ejercer influencia indebida en los procesos de entrega de alimentos de ADSEF a la ciudadanía.

El Panel designó para esta investigación como Fiscal Especial Independiente a la licenciada Leticia Pabón Ortiz y al licenciado Miguel A. Colón Ortiz, Fiscal Delegado.

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