Así lo establece el plan fiscal certificado.

Con el fin de ahorrar $93.8 millones, el plan fiscal aprobado propone que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) cierre unas nueve penitenciarias del país y reduzca su nómina para llegar a la mediana estadounidense de 0.54 empleados correccionales por confinado.

Según establece el plan fiscal de 2019, las cárceles del país son mayormente inutilizadas y el cierre de nueve de estas instituciones elevaría su utilización a un 93% de un 78% en el año fiscal 2018.

‘Cinco prisiones estaban programadas para cerrar en el año fiscal 2018 y sus prisioneros ya han sido reasignados a otras prisiones. Dos penitenciarias adicionales están programadas para cerrar para finales del año fiscal 2019 y dos más para finales del año fiscal 2020’, expone el documento.

Entre los costos de implementación se preven transportación de prisioneros a otras facilidades, costos redundantes de personal alrededor del sistema correccional, entre otras medidas.

En cuanto a nómina, el documento apunta a que la consolidación tambien podría llevar a ahorros a traves de la reducción de gastos operacionales.

‘40% de gastos operacionales podrían capturarse por cada facilidad cerrada consolidando la huella física, mermando las contrataciones, entre otras medidas, con los gastos operacionales que queden siendo transferidos para apoyar el incremento de la población’, lee el plan fiscal

Por otro lado, el plan detalla que el gobierno invierte unos $6 mil por confinado en servicios de salud. La mediana de inversión por servicios de salud para confinados en los Estados Unidos es de $3,800 por confinado y bajar la inversión a esta mediana equivaldría a un ahorro de $25.8 millones.

‘El gobierno puede abrir estos ahorros renegociando contratos existentes, lanzando ‘Requests for Proposals’ competitivos a otros proveedores de servicios de salud correccionales que proveerán terminos más en línea con prácticas financieras de los Estados Unidos, reconsiderar el nivel de servicio dado el declive de la población correccional, y evaluando opciones estrategicas de contrataciones locales’, establece el plan fiscal certificado.

En junio del año pasado, el DCR había adjudicado un contrato de cinco años por $125 millones a CoreCivic para llevar a cabo un traslado escalonado de confinados a facilidades carcelarias privadas en EE.UU. Sin embargo, la Junta pidió una serie de clarificaciones antes de avalarlo.

Tras esa primera denegación, el DCR intentó nuevamente un contrato con la misma compañía donde pagarían una tarifa per diem de $60.55 por confinado. El programa estaría a cargo de la Secretaría Auxiliar de Programas y Servicios, que a su vez se encargará del proceso de orientación y selección de confinados participantes.

Por otro lado, el viernes pasado, el gobierno y la legislatura aprobaron un proyecto que otorgaría a los empleados correccionales 30 días de vacaciones.

La restitución de esos días de vacaciones fue catalogada como un ‘logro de justicia y reconocimiento a la sacrificada labor del oficial correccional dentro del componente de seguridad de nuestro país’.