“No vamos a aceptar en silencio una decisión que condena a nuestros municipios a operar con menos recursos mientras se les exige ofrecer más servicios», dijo.

El alcalde de Villalba, Dan Santiago, alertó hoy que su municipio perdería $3 millones si obedece la directriz de la Junta de Supervisión Fiscal de no hacer valer la Ley 215, que faculta a los gobiernos municipales cobrar arbitrios de construcción a proyectos financiados con fondos estatales y federales.

En un comunicado de prensa, Santiago describió la orden de la Junta como una “estocada mortal” contra los municipios de Puerto Rico y un ataque directo contra los servicios esenciales que reciben miles de ciudadanos.

Puede ver la determinación de la Junta aquí:

Como parte de su respuesta, Santiago remitió una comunicación oficial al director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, advirtiendo que la medida provocaría consecuencias devastadoras para Villalba y para decenas de

municipios que dependen de estos ingresos para mantener operaciones esenciales y atender a las poblaciones más vulnerables.

Según explicó el alcalde, de concretarse la intención de la JSF, la pérdida de ingresois implicaría un riesgo a los servicios dirigidos a adultos mayores, personas con discapacidad, programas comunitarios, recogido de escombros, iniciativas ambientales, mantenimiento de infraestructura municipal, recuperación tras emergencias y otras funciones esenciales que impactan directamente la calidad de vida de los residentes.

“Esta decisión es una agresión directa contra los municipios de Puerto Rico. Es una estocada mortal contra la estabilidad financiera que con tanto sacrificio hemos logrado construir” , dijo Santiago al argumentar que se han eliminado “malas prácticas, administramos con disciplina y transparencia y hoy estamos viendo los frutos de una gobernanza seria y responsable”.

“Lo que pretende hacer la Junta es simple y sencillamente inaceptable”, expresó Santiago.

El ejecutivo municipal sostuvo que la determinación demuestra un profundo desconocimiento de la realidad que enfrentan los municipios y del papel fundamental que desempeñan como el nivel de gobierno más cercano al ciudadano.

“Los alcaldes somos quienes damos la cara cuando un envejeciente necesita ayuda, cuando una comunidad requiere servicios, cuando una carretera necesita atención o cuando ocurre una emergencia. Cada dólar que se nos pretende quitar es un dólar menos para servirle a nuestra gente. No estamos hablando de números en una hoja de cálculo; estamos hablando de calidad de vida, de dignidad y de servicios esenciales para miles de familias puertorriqueñas.”, expresó el primer ejecutivo municipal.

Santiago señaló además que la medida llega en uno de los momentos más delicados para los gobiernos municipales, justo cuando se encuentran culminando la preparación y aprobación de sus presupuestos para el próximo año fiscal.

“Pretender eliminar de manera abrupta una fuente de ingresos tan importante en esta etapa es una receta para provocar inestabilidad fiscal en los municipios. La Junta tiene que entender que las consecuencias de esta decisión no las sufrirán los alcaldes; las sufrirá el pueblo. Las sufrirán nuestros adultos mayores, nuestras comunidades vulnerables y cada ciudadano que depende de los servicios municipales.”, sentenció Santiago.

El alcalde fue aún más contundente al cuestionar la legitimidad de otra imposición que afecta directamente a los ciudadanos de Puerto Rico. 

“¿Hasta cuándo vamos a seguir tolerando que una Junta impuesta ante el cual los ciudadanos americanos de Puerto Rico no tenemos representación con voto continúe tomando decisiones que afectan nuestra calidad de vida? Este es otro ejemplo de cómo se pretende gobernar desde la distancia sin comprender la realidad de nuestros pueblos ni las necesidades de nuestra gente.”

Santiago reveló además que estará presentando el presupuesto municipal incluyendo los recaudos contemplados bajo la Ley 215 y adelantó que no permanecerá de brazos cruzados ante lo que considera una determinación arbitraria e injustificada.

“No vamos a aceptar en silencio una decisión que condena a nuestros municipios a operar con menos recursos mientras se les exige ofrecer más servicios. Vamos a utilizar todos los mecanismos disponibles para defender a Villalba y a nuestra gente. Vamos a dar la batalla donde sea necesario porque nuestro deber es proteger los servicios esenciales que tanto sacrificio nos ha costado garantiza”, puntualizó el primer ejecutivo municipal.

Finalmente, hizo un llamado a los alcaldes de todos los partidos políticos a cerrar filas en defensa de los municipios y de los ciudadanos que representan. 

“Esto no es un asunto partidista. Esto es un asunto de justicia para nuestros pueblos. Hoy es Villalba, mañana puede ser cualquier otro municipio. Los alcaldes tenemos la responsabilidad de levantar una sola voz y defender los recursos que permiten servirle a nuestra gente. Villalba no se va a quedar de brazos cruzados y yo tampoco”.