Emitirá fallo por escrito, dijo hoy

Tras escuchar las discusiones en derecho de las partes, la jueza Leyla Graulau Igartúa se reservó el fallo para emitirlo posteriormente por escrito y señaló el 22 de mayo de 2019 como la fecha cuando se celebrará la próxima vista preliminar en el caso contra el exjuez Rafael Ramos Sáenz.

El exjuez y expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones está acusado en 19 denuncias por aprovechamiento ilícito de servicios y propiedad pagados con fondos públicos, un cargo por enriquecimiento ilícito y otro por violación al artículo 12.007 del Código Electoral.

El Ministerio Público compareció a la vista señalada para hoy con varios testigos, entre los cuales incluyó al licenciado William Villafañe, quien fuera secretario de la Gobernación y miembro del grupo de WhatsApp donde se discutían estrategias de la campaña eleccionaria del actual gobernador Ricardo Rosselló.

Luego que la defensa del exjuez y expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones presentara una moción solicitando la desestimación de varios de los cargos, el tribunal permitió a los representantes legales de las partes argumentar en pro y en contra de la misma.

Según el licenciado Ivandeluis Miranda Velez -abogado de Ramos Sáenz- el contenido de las denuncias por aprovechamiento ilícito de servicios y propiedad pagados con fondos públicos adolece de falta de elementos que constituyen delito, por lo cual deben ser desestimadas. Por su parte el ministerio público argumentó que el alegado defecto es subsanable, por lo tanto no procede la desestimación de los cargos.

La jueza del Centro Judicial de Aguadilla Ángela Díaz Escalera encontró causa para arresto contra Ramos Sáenz el 1 de noviembre del año pasado, relacionado al escándalo del chat de WhatsApp.

Los fiscales especiales independientes (FEI), Guillermo Garau, Iris Melendez y Ramón Mendoza, presentaron un total de 17 denuncias por supuestas violaciones al Artículo 2.52 del Código Penal sobre aprovechamiento ilícito de servicios y propiedad pública, un cargo por enriquecimiento ilícito, tipificado en el Artículo 250 y violación al Artículo 2.007 del Código Electoral de Puerto Rico.

Mendoza explicó que los hechos que se le imputan a Ramos Sáenz están relacionados al supuesto uso de computadoras y servicio electrónico de tribunales para asuntos que son contrarios a la ley y que no están relacionadas con las funciones. Por cada cargo le fue impuesta una fianza de mil dólares, que sumaron unos 19 mil dólares, la cual prestó por lo que quedó en libertad.