$3 millones gastados sin los beneficios esperados.

La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión adversa sobre el proceso de contratación realizado en el Municipio para el Programa Guayama Digital que fue impulsado por la exalcaldesa Glorimarie Jaime Rodríguez.

El Informe de auditoría revela la inversión de $3 millones en el 2012 para la implementación del Programa Guayama Digital sin obtener los beneficios esperados. El dinero vino de un prestamo en el Banco Gubernamental de Fomento y de fondos municipales. La repartición de tabletas ocurrió justo antes de las elecciones de 2012.

Se supone que la aplicación móvil permitiría a los ciudadanos solicitar servicios en la Oficina de Ayuda al Ciudadano; reportar situaciones relacionadas con luminarias, vías de tránsito y accidentes, entre otras; y recibir confidencias de los ciudadanos. Además, ofrecería información de los servicios provistos por el Municipio, y de las atracciones, los eventos públicos y las noticias relacionadas con este; e incluiría un enlace directo a las aplicaciones School Max, Tus Valores Cuentan y Operación Éxito, del Departamento de Educación, y al área de servicios de la página en Internet del Gobierno de Puerto Rico. La aplicación administrativa, o portal de manejo de casos, permitiría al Municipio recibir la información de los ciudadanos para administrarla mediante la aplicación móvil. Además, permitiría

administrar los usuarios de la aplicación.

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Entre las deficiencias:

La aplicación administrativa no incluía información actualizada en sus pantallas y el Municipio nunca la utilizó.

Los estudiantes no utilizaban las tabletas recibidas ya que según indicaron, eran frágiles y se rompieron en poco tiempo.

La red inalámbrica tampoco estaba disponible para el uso de los estudiantes y las escuelas desconocían las contraseñas de la red.

‘Estas situaciones se debieron a que el ayudante especial designado como gerente del proyecto, no se aseguró que la aplicación administrativa fuera implementada en la Oficina de Ayuda al Ciudadano. Además, la exalcaldesa no le requirió a la compañía el código fuente de la aplicación, no documentó los acuerdos realizados con el Departamento de Educación para la conexión a internet y faltaba documentación sobre el proceso de contratación en los archivos del Municipio’, indica el informe.

La auditoría señala que previo a otorgar el contrato a Lanco Global Systems, el Municipio no realizó estudios de necesidad y viabilidad, no incluyó cláusulas importantes que protegiera los intereses del Municipio y la enmienda al contrato por $950,000 se formalizó con 31 días de retroactividad. Algunas de estas situaciones impidieron el control adecuado del contrato y propicia la comisión de irregularidades. Además, resultó perjudicial para el Municipio ya que no existía documentación que evidenciara las obligaciones entre las partes.

Contrario a ley y reglamentación aplicable, el informe indica que el Municipio realizó pagos sin la documentación necesaria; sin el original del contrato, sin la propuesta final del proyecto, ni las certificaciones de conectividad realizadas por el proveedor de la red inalámbrica. Además, el Municipio realizó un pago indebido por $722,560 por servicios ofrecidos antes de formalizar la enmienda que los incluyera en el contrato.

El Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2012 al 30 de septiembre de 2015

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