BGF trabaja método para clasificar documentos

El acceso de documentos catalogados como privilegiados por la representación legal del gobierno en el caso de Título III es el nuevo escollo que enfrenta el Comite de Acreedores no Asegurados (CANA), luego que la representación legal del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) indicaran que los documentos solicitados por el Comite podrían contener información sensitiva, sujeta a otro acuerdo de no divulgación.

En ese sentido, la solicitud del CANA para emprender en su propio proceso de descubrimiento de prueba a partir del 15 de agosto para investigar las causas del endeudamiento del gobierno local sigue en el aire. Esa fue la decisión que tomó el lunes la juez magistrada Judith Dien, quien fue designada para arbitrar esta controversia entre el Comite y las autoridades gubernamentales.

Durante la vista, la representación legal de la AAFAF, encabezada por la firma O’Melveny and Myers, sostuvo que ante la posibilidad de que algunos documentos solicitados por la firma investigadora, Kobre & Kim, contengan información sensitiva que no deseen compartir con los comites, emitirán esta semana una bitácora con categorías de documentos privilegiados. Estos documentos estarán sujetos a otro acuerdo de no divulgación -adicional al que ya los comites poseen con la firma investigadora- pero a sugerencia de Dien incluiría un mecanismo para objetar y argumentar la confidencialidad de los documentos.

De paso, el abogado de AAFAF, Peter Friedman, indicó que proveyeron acceso a los documentos del BGF requeridos por el Comite. Sin embargo, el representante legal del CANA, dirigido por la firma Paul Hastings, explicó que esa provisión consistió en proveer 5,700 documentos que no tenían información relevante al rumbo investigativo que ellos buscan emprender.En ese sentido, el abogado del Comite, Luc Despins, indicó que tampoco se les ha suministrado los terminos de búsqueda que utilizó la firma investigadora para encontrar los documentos relevantes, algo que les será esencial para evitar la duplicidad de labores si la juez Dien falla a favor de su pedido para investigar la deuda.

Despins además advirtió que entre los otros asuntos relacionados a la búsqueda de documentos de personas terceras al BGF y las instituciones financieras investigadas (Banco Popular y Banco Santander), resulta que hay terceros que explícitamente prohibieron suministrar ciertos documentos a su comite y al comite de retirados. El abogado hizo referencia a cinco partes que han asumido esta postura y que están representadas en el pleito de Título III, sin embargo, no entraron en el detalle de identidad por tratarse de asuntos que forman parte de los procesos de mediación.

Para principios de julio el plan de salida

Según la representación legal de la Junta de Control Fiscal, dirigida por la firma Proskauer Rose, para el próximo 3 de julio la firma Kobre & Kim anticipan tener preparados un plan de salida para desarrollar un repositorio de documentos y establecer los mecanismos para objetar los planteamientos hechos en el informe final.

Aunque no pudieron fijar una fecha exacta para producir el informe final, insistieron que se presentará antes de culminar el verano y dejaron la puerta abierta para que se pueda presentar a finales de julio. Un asunto que están en proceso de evaluar es la radicación apropiada del informe, pues no responde a una acción iniciada bajo el Título III de PROMESA, sino bajo el Título I.

Por tanto, el abogado Tim Mungovan de Proskauer Rose anticipó la posibilidad de que el informe se presente ante el tribunal de distrito federal de Puerto Rico para que despues sea traspasado al despacho de la jueza a cargo del pleito de Título III, Laura Taylor Swain. No obstante, las particularidades de esta acción se discutirán en detalle durante la próxima vista de ómnibus a finales de julio.

Para ese entonces discutirán el estado de los documentos privilegiados del BGF, el plan de salida y posiblemente el informe final de Kobre & Kim y la decisión en cuanto el pedido del CANA para emprender en su propia investigación.