El Gobierno de Puerto Rico intensifica sus contactos con legisladores en Washington para que el Congreso estadounidense apruebe la extensión de la Ley de Quiebras federal a la isla para que pueda pagar ordenadamente su deuda.

El director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) con oficina en Washington, Juan Eugenio Hernández Mayoral, señaló hoy a Efe que ha enviado una carta a los miembros del Senado estadounidense en la que les exhorta a apoyar el proyecto de Ley 1774, presentado el pasado día 15.

La iniciativa tiene como fin permitir a las corporaciones públicas de Puerto Rico, que sufre una grave crisis económica y financiera, reestructurar sus deudas bajo la supervisión de la corte de quiebras federal de EE.UU.

‘Bajo la ley actual, las corporaciones públicas de Puerto Rico no cuentan con el proceso de reestructuración provisto bajo las disposiciones del Código de la Ley de Quiebras federal. Mientras trabajamos para mejorar la situación económica necesitamos la opción de las herramientas provistas por el Capítulo 9’, subrayó.

La cantidad de deuda que quedaría bajo el amparo de la Ley de Quiebras federal es solo un 33 % de 73,000 millones de dólares.

Hernández Mayoral subrayó que ese es el porcentaje que corresponde a las corporaciones públicas, ya que el resto es deuda emitida por el Gobierno de Puerto Rico, formalmente un Estado Libre Asociado a EE.UU. cuya constitución establece el pago de su deuda y prohíbe la declaración de bancarrota.

El funcionario puertorriqueño destacó que en los días que restan hasta agosto, cuando comienza el receso veraniego de los legisladores, va a intensificar sus reuniones con senadores para convencerles de que es positivo tanto para Puerto Rico como EE.UU. que la Ley de Quiebras federal se extienda a la isla caribeña.

‘Si Puerto Rico no se puede acoger a esa ley se plantearán cientos de demandas y el proceso será desordenado’, indicó, ante la posibilidad de que, finalmente, las corporaciones públicas de Puerto Rico no paguen a sus acreedores.

‘Necesitamos -Puerto Rico- esa herramienta para poder pagar de forma organizada a los acreedores’, insistió Hernández Mayoral, que dejó claro que al acogerse a esa norma ‘el Tesoro federal no tendrá que poner un solo centavo’.

El Gobierno puertorriqueño trató hace meses de dotarse de una ley propia de quiebra para reestructurar el pago de su elevada deuda, pero fue declarada inconstitucional tras ser llevada a los tribunales por los acreedores.