El secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, afirmó el martes que las agencias de salud y seguridad recibirán un recorte a nivel de gastos administrativos de entre un 5% a 10% en el próximo presupuesto debido a la situación fiscal del Gobierno y la no aprobación de la Reforma Contributiva.

Este ajuste en los gastos administrativos puede implicar la reducción de la jornada laboral de los empleados.

Suárez enfatizó que las medidas se van a implementar a partir del 1 de julio y esperan presentar el presupuesto con los cambios propuestos para el próximo año en una o dos semanas. Argumentó que, ‘con un presupuesto de $8,600 millones, si no hay una medida que cambie ese panorama de aquí a julio, va a haber reducción de jornada laboral’.

Añadió que cualquier medida de recaudo que se proponga sobre un impuesto al consumo tiene que venir acompañada de alivios contra la regresividad. Además, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Hacienda tienen que confirmar que ‘los recaudos son los necesarios y no afectan el crecimiento económico’.

Sin embargo, el funcionario sostuvo que hay un compromiso del Ejecutivo de hacer ‘todo lo posible para que no se afecten o se mantengan’ los servicios directos que recibe la ciudadanía de parte de estas agencias.

En el cónclave participaron la secretaria del Departamento de Salud, Ana Ríus; el director de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ricardo Rivera; el secretario del Departamento de Justicia, César Miranda; el superintendente de la Policía, José Caldero; el jefe del Cuerpo de Bomberos, Ángel Crespo; entre otros.

De otro lado, Suárez manifestó a NotiCel que se están evaluando distintas alternativas para atender el problema fiscal de Mi Salud, más no reveló las opciones aduciendo que requieren mayor discusión antes de hacerlas públicas.

Increpado por este diario sobre las negociaciones con los inversionistas que evaluaban darle una línea de crédito rotativa a la ASES, Suárez aseveró que estaba ‘exigiendo unas garantías que en este momento no son aceptables para nosotros’. Una de las garantías está relacionada al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que al momento tiene problemas de liquidez.

No obstante, Rivera, aseguró que los inversionistas continúan interesados en hacer la transacción, aunque insistió que la no aprobación de la Reforma Contributiva no disipa su incertidumbre sobre el financiamiento de Mi Salud.

‘Mientras no pierdan interés, nosotros seguimos negociando con ellos y viendo a ver qué se puede hacer para obtener esa línea de crédito y pagarle a los proveedores’, determinó.

De igual forma, Rivera indicó que cualquier cambio en torno a la cubierta de Mi Salud o aumento en los copagos tiene que ir acorde a la regulación federal y estatal.

Mientras tanto, expuso que ante la solicitud de ajustes de gastos administrativos hecha por el Primer Mandatario pueden tener que hacer renegociaciones con suplidores, con farmacéuticas o con entidades de salud.

‘En este momento no es definitivo. Y tampoco es una conclusión. Esto estamos manejándolo internamente y estamos hablando las distintas alternativas que se tienen. Tan pronto se concreten, las haremos públicas. En estos momentos, son sencillamente conversaciones’, sentenció Rivera sobre la disposición para estas renegociaciones.