La procuradora general Margarita Mercado se mostró esperanzada de que el gobierno pudo convencer al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston de que la ley de quiebra criolla es constitucional porque no ocupa un área ya ocupada por el gobierno federal.

Hoy miércoles fue la vista oral para determinar si se revoca la determinación del Tribunal Federal en San Juan de anular la ley.

Según Mercado, se logró establecer los errores del Tribunal de Distrito que concluyó que la ley era inconstitucional porque violaba la cláusula de supremacía federal. La Procuradora reiteró que repasó el historial de la ley de quiebra federal ante Boston para argumentar que debido a que Puerto Rico fue excluido de la misma es muestra de que el Congreso no tuvo la intención de ocupar el campo. ‘Se presume que el campo se ocupó pero no fue así’, sostuvo.

Según Mercado, los abogados de Puerto Rico argumentaron que el juez federal Francisco Besosa erró al inferir que Puerto Rico no solamente fue excluido de la Ley de Quiebras Federal sino que estaba impedido de hacer su propia legislación. ‘De ser así, Puerto Rico estaría en un limbo jurídico para lidiar con su insolvencia’, dijo la Procuradora.

Como amigo de la corte, la Asociación de Aseguradores de Garantía Financiera (Association of Financial Guaranty Insurers, AFGI), sometió una ponencia que acusa a Puerto Rico de unilateralmente tratar de reestructurar acuerdos ya establecidos con bonistas por medio de la ley de quiebra criolla. El mercado municipal de bonos es de unos $4,000 trillones.

‘El permitir a estados o territorios hacer sus propias leyes de quiebra municipales tendrá graves consecuencias en la industria del seguros y en el mercado de bonos municipales. El sostener la Ley de Recuperación llevaría el mensaje a aseguradores y acreedores de que los términos contractuales con municipios se pueden alterar de forma impredecible e inconsistente… Esto tendrá un efecto en los mercados y aumentará los costos de financiamiento’, sostiene la AFGI en el documento.

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Pero Mercado dijo que el gobierno no tocó argumentos presentados en el sentido de que permitir la ley de quiebra criolla afectaría contratos ya establecidos con los bonistas porque no tenían que ver con el reclamo de la constitucionalidad de la ley.

Mercado añadió no hay nada en la Ley Federal de Quiebras que impida a Puerto Rico cumplir con sus obligaciones pero bajo un proceso ordenado de reestructuración. Además, sostuvo que bajo la Ley Federal de Quiebras, los acreedores tienen que acogerse a la jurisdicción federal y que en el caso de la ley de quiebra criolla, los acreedores tendrían que someterse a la jurisdicción local.

En febrero, el juez Besosa declaró inconstitucional la ‘Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas’ tras determinar que era nula bajo la Cláusula de Supremacía de la Constitución de EE.UU.

La demanda fue presentada en junio de 2014 por las firmas Blue Mountain Capital Management LLC y Franklin California Tax-Free Trust, que en conjunto poseen cerca de $2,000 millones en bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La ley fue aprobada para permitir a algunas corporaciones públicas reestructurar su deuda. Aunque se hizo teniendo a la AEE en mente la corporación pública nunca se acogió a la misma.