En momentos que se evalúa la posibilidad de enmendar la denominada ‘Ley Tito Kayak’, pero no su derogación, el litigio legal vinculado al controversial proyecto ‘Paseo Caribe’ en Puerta de Tierra aún no concluye y el Secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, se encuentra ahora en la encrucijada de representar al Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico, que es la parte que el una vez demandó mientras fungía como abogado de la empresa desarrolladora San Gerónimo Caribe Project, Inc.

Por razones obvias, y tras ser designado como titular de Justicia, Sánchez Betances presentó en la corte una moción de renuncia como representante legal del proyecto de construcción.

Como secretario de Justicia, ya Sánchez Betances compareció a la Legislatura defendiendo la ley que se creó en buena parte como reacción a la paralización de obra que sufrió su cliente cuando Paseo Caribe fue objeto de protestas por parte de grupos ambientalistas.

La moción fue sometida el pasado 20 de diciembre de 2012 y no presentó oposición del tribunal, puede que porque el caso se quedó en manos familiares ya que el compañero de Sánchez Betances en el litigio, José A. Cuevas Segarra, fue el que se quedó como abogado de la empresa demandante. Los abogados de Justicia, o abogados externos, bajo el mando de Sánchez Betances litigarán ahora contra el excompañero de litigio del Secretario.

Bajo la Administración Fortuño, la representación del Estado estuvo bajo el bufete de Aldarondo <><><><><><><><><><><><><><><><><>& López Bras, quienes también presentaron su renuncia. En su moción de renuncia, el bufete le solicita a la corte que le conceda al Departamento de Justicia hasta el 28 de febrero para anunciar su nueva representación legal./p

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El litigio entre el gobierno y San Gerónimo sigue vigente, aún cuando el Tribunal Supremo resolvió la controversia de la titularidad de terrenos a favor de la empresa de construcción./p

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No obstante, la paralización temporera previa del proyecto ordenada por la Autoridad de Reglamentos y Permisos en el 2007 por virtud de una opinión del entonces Secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, detonó la controversia que aún falta por dirimirse, y en la que la empresa San Gerónimo reclama daños y perjuicios al gobierno./p

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Por ende, y a pesar de que la compañía constructora salió airosa en su alegato de titularidad de terrenos, su representación legal que era entonces encabezada por Sánchez Betances, reclamó posteriormente que la paralización temporera del gobierno constituyó un acto de daños y perjuicios contra la empresa./p

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Durante la pasada administración de Justicia bajo Somoza, el gobierno se mantuvo activo defendiendo sus posturas ante las demandas de San Gerónimo y su dueño, Arturo Madero./p

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La decisión más reciente fue una resolución del Tribunal Apelativo emitida el pasado 30 de noviembre de 2012./p

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En esta decisión, la corte deniega la petición de certiorari del gobierno que solicitaba que se revisara la determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI) y su interpretación del caso como uno de expropiación a la inversa./p

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A pesar de la denegación del recurso del gobierno por parte del Apelativo, la corte establece que aún el TPI debe dilucidar ‘cuál es la naturaleza de la presente causa de acción, si una de expropiación a la inversa o una de daños y perjuicios por violación de derechos civiles y constitucionales, como se intitula esta acción de la demanda’./p

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NotiCel gestionó una reacción de Sánchez Betances, quien se limitó a indicar que se inhibirá de participar en aquellos asuntos relacionados a Paseo Caribe. En su lugar, el Subsecretario de Justicia, Rafael Ortiz Carrión, ofrecerá la reacción oficial de la agencia a la indagatoria esta semana./p