La querellada no solicitó una petición de inhibición y modificó hojas de registro de su pareja.

La Oficina de Ética Gubernamental ha presentado una querella contra una directora de escuela que supuestamente violó la Ley de Ética al supervisar a su esposa y alterar sus hojas de registro de asistencia.

Según el documento, con fecha del 28 de abril, la querellada María de los Ángeles Cruz Ujaque nunca presentó un mecanismo de inhibición con respecto a la supervisión y manejo de transacciones de personal de su cónyuge, la sicóloga escolar Odalis Vélez Pagán.

La querella apunta a que Vélez Pagán, entre agosto de 2022 y enero de 2022 no realizaba cuatro marcajes o ponches en el registro electrónico, sino dos: al entrar al turno y al salir. La OEG corroboró que la querellada realizaba “transacciones que inciden la generación del pago del sueldo a favor de su cónyuge”.

Vélez Pagán no es sancionada por la OEG.

En concreto, Cruz Ujaque, en 19 ocasiones alteró la hora de entrada o de salida de su esposa. Además, aprobó seis ausencias por enfermedad de su pareja. Esto mientras el Reglamento de Personal del Departamento de Educación indica que un supervisor tendrá que asegurarse que los empleados cumplen con los requisitos legales y reglamentos.

La OEG concluye que tiene jurisdicción del caso al cumplirse la definició de cónyuge, que la querellada violó la ley de ética al intervenir en un asunto con el que tenía un conflicto de interés, que la querellada alteró los registros de asistencia de su pariente al editar las horas de entrada o salida y que la querellada aprobó formularios en que se evidencian las entradas y salidas cuando existían conflictos entre la información contenida en certificados médicos, entre otras irregularidades.

“Interviniendo directamente en asuntos en los que tiene un conflicto de intereses y que resultó en un beneficio para ella y su pariente”, lee la querella.

La OEG está solicitando una sanción económica a ser pagada mediante un descuento de fondos acumulados por el servidor público.

La querellada tiene 20 días para contestar las alegaciones.