El aumento salarial a los oficiales correccionales tiene un impacto sobre el gasto relacionado al pago de horas extra.

El aumento salarial anunciado en diciembre para los oficiales correccionales le ha traído al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) un dolor de cabeza adicional:  ¿cómo honrar el pago de horas extra al incrementarse la base salarial?

Julio Ortiz, secretario auxiilar de presupuesto y finanzas, reconoció en una vista pública en el Senado donde se atendió el presupuesto para el próximo año fiscal de la agencia que el DCR necesita que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) libere $11 millones de la reserva bajo el control de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para cumplir con esa obligación. El aumento honrado a sobre 3,000 oficiales correccionales, legislado en el 2022, alcanza unos $9,000 anuales y tiene un impacto fiscal de $19.1 millones.

El personal civil no ha recibido aumentos.

“Contamos con la devolución de la reserva para atender áreas en déficit”, sostuvo Ortiz al incluir en ese renglón el pago de horas extra. No obstante, afirmó que el presupuesto solicitado para el próximo año fiscal sí contempla el pago de horas extra.

Lo que no contempla el próximo presupuesto es el dinero necesario para llenar la totalidad de las plazas vacantes, siendo la más crítica la de oficiales correccionales. Se indicó que hay 1,221 plazas vacantes, pero que la agencia puede “cumplir” con 500 con el dinero solicitado, dejando en descubierto 721. Esta escasez de oficiales correccionales es lo que provoca que algunos tengan que cumplir con turnos extendidos de 12 horas. A preguntas de la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Migdalia Padilla, el secretario de Corrección, Francisco Quiñones indicó que ordenó un movimiento de personal en que se movieron sobre 20 oficiales correccionales desde Ponce a otras instituciones para bajar la cantidad de oficiales con turnos de 12 horas.

“Los supervisores tienen que asegurarse de que estén justificadas”, dijo Quiñones al referirse a un plan de reducción de horas extra. “Es un ejercicio que los supervisores tienen que hacer porque en ocasiones se doblan turnos”.

El DCR también está falto de técnicos de récords por 25, pero el presupuesto recomendado contempla 20 más. En cuanto a técnicos sociopenales faltan 94 y el presupuesto recomendado tiene dinero para 20 adicionales. Faltan 19 trabajadores sociales y el presupuesto recomendado incluye la contratación de ocho.

Los números más recientes apuntan a que el DCR les brinda servicios a 7,173 confinados adultos (el 95%) son hombres, incluyendo 145 extranjeros, de los cuales 126 son dominicanos. Tambíen están bajo custodia 78 menores, todos, menos tres, varones.

Además de la población confinada, el DCR ofrece servicios a través del Programa de Servicios con Antelación al Juicio a 1,096 imputados de delitos a través de 13 regiones. Se trata de personas bajo fianza y condiciones de supervisión electrónica. Igualmente atiende 6,606 miembros de la población correccional que cumplen sentencias en programas de desvío.

Por ejemplo: libertad bajo palabra (5,158), cortes de droga y libertad bajo palabra.

La nómina se de 5,436 empleados.

El presupuesto vigente se divide entre $443.6 millones del Fondo General y, de estos, $255.3 millones son de nómina, $134 en gastos operacionales y $58 millones para pensiones. El recomendando eleva la partida del Fondo General a $490 millones y la de nómina a $274.5 millones. El dinero destinado para gastos operacionales sube a $178 millones.

La partida de nómina para el próximo presuesto incluye $19 millones para reclutamiento.

Según Quiñones, el presupuesto propuesto “permitirá costear el gasto actual y atender la necesidad de reclutamiento y asscenso requerido para la supervisión adecuada en las cárceles de adultos y centros de tratamiento social para juveniles”, dijo. Sin embargo, luego en la vista reconoció que el aumento en el costo de la gasolinera tendrá un impacto significativo sobre el dinero destinado a gastos de transportación.

De otra parte, Quiñones indicó que recientemente llegó al Departamento de Hacienda un cheque de $31 millones de la aseguradora Mapfre con el que se dio punto final a un largo proceso de negociación para cubrir gastos por daños provocados por los terrenemotos y los huracanes. Sin embargo, Quiñones reconoció que la reclamación inicial, cuando él no estaba en el DCR, fue de más de $100 millones.

Con el dinero en manos del gobierno ahora se podrá conocer cuánto FEMA asignará a cada proyecto de mejoras.

Sobre salud correccional, Quiñones indicó que está en a espera de recibir un informe para contratar el perito en salud que ayudará a la agencia a seleccionar el nuevo proveedor de este servicio, luego de que el 1 de julio del año pasado la empresa Physician Correctional fuera notificada de la intención de que se le cancelará el contrato. Quiñones abrió la puerta a extender el contrato de Physician por algún periodo que no precisó en el próximo año fiscal en lo que se selecciona a la nueva compañía y se cumple con el plan de transición.

Un total de 12 proponentes fueron evaluados. Dos se retiraron y tres cumplen “a cabalidad” con todos los requisitos mientras que en otro grupo se ubicaron los que tienen “cumplimiento moderado”. Otro grupo, cuyo número no fue precisado, ha sido descartado al no cumplir con ningún criterio.