A la luz de una demanda federal por la censura a la que el Contralor Electoral tiene sometido a un grupo de víctimas de impericia medica, el Gobernador tergiversó las funciones del Contralor y de la Junta Examinadora de Anuncios de la Comisión Estatal de Elecciones para alegar que tanto el como las víctimas sufren la misma censura.

La Junta Examinadora de Anuncios es un ente de la Comisión Estatal de Elecciones que está compuesto por representantes de todos los partidos y que tiene el poder legal de evaluar todos los anuncios que hace el gobierno en período eleccionario para determinar si tienen contenido político partidista o no. El propósito es que el dinero público no se use para la ventaja del partido en el poder durante el proceso de las elecciones mediante la publicidad gubernamental.

Por otro parte, el controvertible Contralor Electoral es un puesto creado por la Administración Fortuño con la capacidad legal de detener cualquier pauta publicitaria que esa oficina entienda que constituye una expresión política, si es que la emite un grupo que no se ha registrado con dicha Oficina. La Contraloría Electoral funciona bajo el mando de una sola persona, el exsecretario del Senado Manuel Torres Nieves, no tiene representatividad de ningún partido ni de los grupos afectados por sus determinaciones, y no tiene parámetros claros de qué constituye, o no constituye una expresión política.

Por ejemplo, los anuncios de las víctimas contienen una queja por los cambios de ley que hizo Fortuño en la capacidad de compensación que tienen las víctimas, ahora limitada a $75,000, pero no contiene un llamado al electorado para que haga algo con Fortuño o con sus contrincantes.

(Roso Sabalones/NotiCel)

Ante ese cuadro, y tras la demanda radicada el lunes, el gobernador dijo que tanto él como las víctimas de impericia sufrían de la misma censura.

‘Todos tenemos que cumplir con las leyes. Eso le toca al Contralor Electoral y a la Comisión Estatal de Elecciones, no nos toca a nosotros. A nosotros nos tienen aguantada una campaña de violencia domestica en la Comisión (Estatal de Elecciones). Esto nos sucede a todos. Y si a nosotros nos paran una campaña de violencia domestica, que a otros (grupos) se las paren también, pues estamos en igualdad de condiciones’, dijo Fortuño en conferencia de prensa.

Por su parte, Torres reaccionó a la demanda indicando que las personas jurídicas que deseen participar en el proceso electoral realizando gastos con fines electorales, utilizando sus fondos generales, deben consultar con su matrícula, la cual deberá aprobar el gasto. Si obtienen el visto bueno de la matrícula, deben certificarlo ante su oficina.

Torres Nieves confirmó que el pasado viernes presentaron tres querellas en su oficina contra la Asociación de Víctimas de Impericia Médica por los anuncios que ha pautado en las pasadas semanas en los medios de comunicación y aseguró que las mismas se atenderán basadas en estricto derecho.

El Contralor Electoral añadió que, dado el periodo en que se radica la querella, actuarán con la mayor celeridad en dicha investigación y que tan pronto sean informados sobre cualquier acción judicial producto de estos eventos, harán la argumentación legal que proceda en el foro pertinente.