Un grupo de ciudadanos alertó que llevará a AES Corporation a la corte federal por verter ilegalmente desechos altamente tóxicos de su planta de carbón en Guayama, a menos que el gigante energetico cumpla con las exigencias del grupo, que incluyen poner fin a las prácticas ilícitas de disposición de desechos de la empresa.

Public Justice, una firma nacional de derecho de interés público con sede en Washington, DC, y la Lcda. Ruth Santiago, de Salinas, enviaron un aviso de intención de demandar a AES el miércoles, enumerando las demandas del Comité Diálogo Ambiental, Inc. (CDA), un grupo de ciudadanos de Guayama y Salinas que lleva años documentando y denunciando los efectos de las cenizas de AES. El grupo dice que la práctica de AES de disponer de las cenizas de carbón carcinógeno en zonas residenciales representa un ‘peligro inminente y sustancial’ para la salud pública y el medio ambiente y han realizado varios estudios e investigaciones que lo prueban, explicó Santiago. La planta de AES en Guayama produce el 15% de la electricidad que se consume en la Isla.

La basura producida por AES contiene metales pesados carcinógenos, isótopos radioactivos y cromo hexavalente – todas sustancias causantes de cáncer y muy peligrosas para los humanos. También contiene altos niveles de boro, un componente común de la ceniza de carbón que es perjudicial para el medio ambiente. A pesar de estos peligros, AES ofrece los residuos a contratistas locales para su utilización como relleno en proyectos de carreteras y urbanizaciones y anuncia que se utilizarían con fines agrícolas. Ninguno de los lugares donde se han dispuesto esos residuos están diseñados para prevenir que entren en contacto con personas o el medio ambiente.

‘AES trató de verter cenizas de carbón en la República Dominicana, pero el gobierno de ese país presentó una demanda para bloquear esa vía de eliminación’, explicó el abogado de Public Justice, Richard Webster. ‘Después de eso, AES tomó la ruta fácil y barata y comenzó el vertido de estos residuos cancerígenos en Puerto Rico sin tener en cuenta la salud de la población local o su entorno’.

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