Se investigan transacciones de recursos humanos presuntamente ilegales y ultra vires.

El Departamento de Justicia mantiene una investigación activa tras recibir un referido del presidente y gerente general de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), Luis González Rosario, sobre transacciones de recursos humanos presuntamente ilegales y ultra vires.

Según las alegaciones recibidas el pasado 9 de septiembre de 2025, dichas transacciones involucran procesos de reinstalación y reclasificación de empleados del servicio de confianza al servicio de carrera. Asimismo, se evalúa la posible alteración de documentos públicos con el fin de validar, de forma retroactiva, evaluaciones de desempeño y periodos probatorios.

«En este momento, la DIPAC se encuentra en una etapa formal de evaluación de la evidencia sometida por la AMA. Nuestro objetivo es determinar si los hechos configuran violaciones criminales por parte de funcionarios públicos», señaló la fiscal Sonia Martínez, directora de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC).

La investigación permanece en su fase de recopilación de prueba adicional y gestiones investigativas para el esclarecimiento total de los hechos. El Departamento de Justicia aclaró que cualquier determinación sobre la radicación de cargos criminales o referidos a otras instancias se tomará estrictamente una vez concluya este proceso.

Debido a la naturaleza activa del caso y el deber de proteger la integridad del proceso, no existe actualmente ningún informe o documento que pueda ser divulgado. El Departamento de Justicia no ofrecerá fechas estimadas ni expresiones adicionales hasta que los resultados de la investigación así lo permitan, se indicó.

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Por su parte, González Rosario dijo que activó un proceso interno de investigación luego de advenir en conocimiento, tras asumir sus funciones en la agencia, de serias desviaciones e irregularidades en el cumplimiento de procesos y disposiciones aplicables, por parte de personal con funciones administrativas.

Culminada la investigación, el presidente emitió un informe con los hallazgos, mediante el cual se procedió a referir formalmente la información a las agencias con jurisdicción, incluyendo la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), el Departamento de Justicia, la Oficina del Contralor, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Inspector General.

Los referidos se encuentran actualmente ante dichas entidades en proceso de investigación.