La auditoría concluyó que las operaciones se realizaron conforme a ley, excepto por hallazgos en compras, contratación de auditorías externas y cumplimiento con certificaciones e informes.

Una auditoría de la contralora identificó deficiencias en compras, auditorías externas e informes requeridos por ley en la Corporación para el Desarrollo Empresarial y Cultural de la Isleta de San Juan.

“Es indispensable que todas las entidades que manejan recursos públicos cumplan cabalmente con sus responsabilidades legales y administrativas, sin excepción”, dijo la contralora, Carmen Vega Fournier, en declaraciones escritas.

El informe OC-26-19 cubrió del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2024 y emitió una opinión cualificada. La auditoría concluyó que las operaciones se realizaron conforme a ley, excepto por hallazgos en compras, contratación de auditorías externas y cumplimiento con certificaciones e informes.

En el primer hallazgo, la auditoría reveló que, de siete pagos por 33,812 dólares hechos entre mayo y junio de 2023 con una asignación legislativa de $50,000, seis pagos por $30,378 se hicieron sin las dos cotizaciones requeridas y tres pagos por $14,174 carecían de facturas. El dinero se utilizó para habilitar un centro comunitario en la Isleta de San Juan.

Otro señalamiento del informe establece que la corporación incumplió con los términos para contratar las auditorías externas de los estados financieros de los años fiscales 2022-23 y 2023-24. Al 30 de junio de 2024, arrastraba atrasos de 456 y 90 días, lo que, según la Oficina del Contralor, afectó la disponibilidad de información financiera oportuna para la toma de decisiones.

La auditoría también determinó que la corporación no remitió a la Oficina del Contralor las certificaciones anuales requeridas para los años fiscales del 2015-16 al 2023-24. Además, dejó de enviar 15 informes mensuales de nómina y puestos del período de febrero de 2023 a abril de 2024, y sometió 67 informes con tardanzas de entre 5 y 467 días.

Aunque la gerencia de la corporación sostuvo que, por su naturaleza jurídica, algunos de esos requisitos no le aplicaban, la Oficina del Contralor determinó que el hallazgo prevalece porque la entidad recibe fondos públicos en exceso de $200,000 al año. Entre las recomendaciones, ordenó reforzar los procesos de compras, mantener expedientes completos, contratar a tiempo las auditorías y designar un oficial de enlace para someter certificaciones e informes dentro del término dispuesto por ley.