La decisión del gobierno federal deja en el aire a decenas de miles de hogares de personas indigentes con necesidades especiales de electricidad.

La Administración González Colón busca retener en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para uso la asignación federal que estaba dirigida a proveer placas solares y baterías a decenas de miles de hogares indigentes que tienen personas con necesidades especiales de electricidad confiable.

La asignación de $350 millones que se había hecho en la Administración Biden, y que se mantuvo durante el primer año de la segunda Administración Trump, iría a reparación de generadores, mejoras en las plantas termoeléctricas de la AEE y al controvertible programa de manejo de vegetación de LUMA, supo este diario digital.

El Departamento de Energía federal (DOE) y el zar de Energía, Josué Colón Ortiz, no contestaron solicitudes sobre este tema el jueves, pero la representante de la gobernadora en la capital federal, Gabriella Boffelli, justificó que el dinero sea reasignado para un “mejor sistema energético que beneficie a todos”.

En 2023, mediante una legislación federal que la gobernadora Jenniffer González Colón endosó como comisionada residente, la exsecretaria del DOE, Jennifer Granholm, ganó acceso a $1,000 millones que su agencia distribuiría directamente en la isla, sin intervención del gobierno, para impulsar la energía renovable. Ahora el dinero será inyectado a la red actual, basada en combustibles fósiles, que, según mandato de ley, se supone que transicione a basada 100% en energía renovable para 2050.

Bajo el nombre de Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF en inglés), la asignación de $1,000 millones se dividió en dos inciativas principales. Una, de $365 millones, para dotar de placas y baterías a centros de salud comunitaria o centros comunales en residencias multifamiliares públicas o privadas. Esa fue revocada el año pasado y la gobernadora pidió redirigir el dinero para reparaciones en la red. La otra, de $450 millones y revocada el 9 de enero, se canalizaría a través de organizaciones sin fines de lucro que procurarían acuerdos con empresas de instalación de estos equipos que entre 30,000 y 40,000 hogares alrededor de la isla tuvieran un sistema de generación distribuida. Los hogares eran elegibles si son de familias con ingresos bajos, si están en áreas particularmente afectadas por apagones y si tenían personas que necesitan de servicio eléctrico constante para aditamentos médicos como máquinas de diálisis y sillas eléctricas.

Las entidades que participaban de esta iniciativa son Sunrun, Sunova, Generac, Solar United Neighbors, Environmental Defense Fund (EDF), Barrio Eléctrico, Lets Share The Sun y Comunidad Solar Toro Negro.

Las organizaciones se reunieron el jueves pero todavía no tienen un plan definido para atender el anuncio del DOE. El vicepresidente asociado de EDF, Daniel Whittle, indicó que albergaba la esperanza de que la gobernadora González Colón defienda la iniciatiba y le pida al DOE que reconsidere, en vista de que apoyó esa legislación.

“Esto no es un caso de ‘esto o aquello’. Ciertamente, apoyamos arreglar el sistema de transmisión, distribución y generación, pero esto era dinero que iba por encima de eso para ayudar a puertorriqueños vulnerables”, argumentó al recordar que la Administración Biden no solo procuró dinero para energía renovable sino que ayudó a liberar asignaciones dirigidas a reconstruir la red que estaban atascadas en la Administración Federal de Manejo de Emergencia (FEMA).

Las organizaciones están también sorprendidas porque, a lo largo de todo el año pasado, el DOE le ofreció indicaciones y confirmaciones de que la asignación estaba en orden y seguía en pie. Tan reciente como el 15 de noviembre les habían dicjo que la asignación podría reducirse, pero que seguía en pie.

Ese mensaje de noviembre fue después de que en septiembre la Oficina del Inspector General (OIG) del DOE emitiera un informe en el que alertaba que la agencia había distribuido el dinero sin suficientes salvaguardas. Pero la recomendación de la entidad no fue cancelar la asignación, sino que la agencia se asegurara de hacer una “evaluación completa” de los procesos que siguieron las organizaciones a las que se les asignaron los fondos. La gerencia del departamento estuvo de acuerdo con la recomendacion y dijo que la evaluación estaría lista para junio de 2026.

En el caso específico de EDF, la revocación afecta un proyecto para dotar de sistemas solares y baterías a residentes de Culebra. De 150 hogares, tenían 43 listos para instalación, pero el DOE estuvo todo el 2025 sin darles la luz verde formal. Ya EDF había instalado los sistemas en 45 hogares de Isla Nena como parte de un proyecto piloto. Otras organizaciones habían realizado instalaciones, así que ahora tienen pendiente que el gobierno federal les reembolse el trabajo ya hecho o los equipos que compraron con la expectativa de instalarlos próximamente.

“Solar es el futuro de Puerto Rico. Cada mes, 4,000 hogares instalan (sistemas de generación distribuida) y eso es gente que lo puede sufragar. La gente de escasos recursos quieren tener la misma oportunidad”, concluyó Whittle.

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