Por segunda ocasión, la Comisión de lo Jurídico del Senado celebró una vista pública sobre la propuesta para reorganizar completamente el Poder Judicial, por segunda vez solo asistió, de parte de la mayoría legislativa penepé, el presidente de la comisión, y por segunda vez los ponentes presentaron mayormente advertencias sobre los errores e insuficiencias que tiene la medida.

En representación del Departamento de Justicia, la secretaria auxiliar de Asesoramiento, Ketsy Nicole García Rosario, le dijo al presidente de la comisión, Ángel Toledo López, que la agencia defendería la facultad constitucional que tiene la Legislatura para organizar el Poder Judicial. Pero, en la ponencia escrita, levantaron bandera sobre aspectos en siete de los 15 capítulos del Proyecto del Senado 1096.

En lo medular, que es el intento del autor del proyecto, Thomas Rivera Schatz, de quitarle poder de administración al juez presidente para dárselo al Tribunal Supremo completo, Justicia no apoyó directamente ese esquema. De hecho, resaltaron que todo el historial disponible desde la creación de la Constitución hasta ahora “refleja un énfasis en la figura del Juez Presidente dentro del diseño constitucional de la administración judicial”.

Añadieron que la Constitución podría admitir una articulación “complementaria” de su mandato de que el pleno del Supremo hace los reglamentos y el juez presidente dirige el Poder Judicial, pero que tendría que ser “dentro de un marco de distribución funcional compatible” con esa asignación de funciones.

Los otros dos ponentes fueron mucho más directos en sus reparos con la propuesta.

“Desde el 1952 al 2011, nadie vio los problemas que ustedes están viendo ahora. Tremendo. Yo los felicito por eso. Pero yo tengo razones para inferir que hay otras motivaciones”, planteó el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Interamericana, Carlos E. Ramos González.

El profesor había planteado que la idea de que es el pleno completo el que administra el Poder Judicial, y no solo el juez presidente, se introdujo en 2012 por una mayoría de jueces asociados que, por primera vez en la historia del tribunal, resultaban haber sido nombrados por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Toledo López trajo a colación que tan cercano como el mes pasado una mayoría de cinco de esos jueces reiteró su expresión de 2019 de que no quería que la judicatura se administre “como una monarquía”. Esto llevó a que Ramos González le señalara que esa postura de una mayoría del Supremo es una «ventaja» que tienen los senadores proponentes de la medida, frente a los opositores de la misma.

“Ya ustedes tienen el criterio del Tribunal Supremo a favor comprometido. Ojalá me equivoque y en su momento histórico, que ahora es distinto (al del 2019), pues resuelvan conforme a lo que yo creo que deben resolver… ya veremos, esa ventaja, sin duda, ustedes (la mayoría penepé) la tienen”, ripostó Ramos.

Por otro lado, un grupo de 18 exjueces compareció también para enfocar en el día a día complicado que se crearía si las decisiones urgentes de administración que hoy toma uno las tuvieran que tomar los nueve miembros del Supremo. Como otros ponentes, comentaron también que la propuesta “coadministración” entre los jueces asociados y el presidente solo responde a una “interpretación forzada” de la Constitución y que, en todo caso, de ocurrir, debe ser como resultado de una votación del pueblo para enmendar dicho texto.

Uno de sus miembros, Carlos Vizcarrondo Irizarry, echó mano de su experiencia como presidente de la Cámara de Representantes para ilustrar lo absurdo que sería poner a todos los jueces del Supremo a decidir sobre asuntos administrativos.

“Imagínese que hubiese yo tenido que compartir esas determinaciones del diario vivir en el aspecto administrativo con mis compañeros de Cámara de las diferentes delegaciones. A la hora de realmente tomar esas determinaciones, va a tener el resultado de dilatar. Una cosa es que se legislen las reglas de administración y otra cosa es que el que se pone el vestido de administrador tome esas decisiones en el día a día, porque así lo facultaron para hacerlo”, argumentó.

En un mensaje de redes sociales, Rivera Schatz invitó a los críticos de su proyecto a comparecer a vistas públicas para que “derramen su conocimiento”, pero no ha asistido a ninguna de las dos vistas a interactuar con los ponentes.

En el pasado, algunos jueces asociados del Supremo, y su presidenta, cabildearon directamente en la legislatura a favor del aumento de salario en la judicatura. Para este proyecto, han comparecido institucionalmente la Oficina de Administración de Tribunales y la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura. En verano de 2025, este grupo visitó a Rivera Schatz para entregarle un reconocimiento por su “trabajo a favor de la independencia judicial y mejores condiciones laborales”.

Vea:

Proyecto 1096 busca redistribuir poder entre el pleno del Supremo y su juez presidente

Choque en el Tribunal Supremo por poder del juez presidente tras nuevas enmiendas

OAT: Reforma Judicial se empuja sin necesidad demostrada ni análisis de consecuencias

Ponencia de Carlos E. Ramos

Ponencia de exjueces

Ponencia del Departamento de Justicia