La queja ética expone también que el senador podría ser referido a investigación criminal del FEI por declaraciones sobre empresa en Guayanilla.

Una querella presentada el lunes en la Comisión de Ética del Senado pide que se discipline, y que sea referido para investigación criminal, al senador independiente Eliezer Molina Pérez por expresiones hechas desde verano pasado en torno a los terrenos de la empresa Tropical Fruit LLC en Guayanilla, incluyendo actuaciones legislativas y durante una vista ocular en el área.

El presidente de la comisión, el senador Juan Oscar Morales Rodríguez, confirmó el recibo de la querella porque se había hecho pública, pero rehusó aportar otros datos sobre el trámite que sigue el documento. El Senado requiere confidencialidad estricta sobre las querellas éticas que incluye no confirmar ni siquiera su existencia.

En alusión a la confidencialidad que impone el reglamento de la comisión, Molina Pérez dijo que solo iba a señalar que el que la queja se hubiera hecho pública implica que los querellantes “tienen miedo” y que responderá formalmente a la misma cuando la comisión lo requiera.

“Estos procesos no nos van a intimidar a nosotros para que hagamos silencio ante las injusticias del país. Si ellos creen que con estas prácticas van a tratar de silenciarnos, están cometiendo el error de su vida y las playas son del pueblo”, concluyó.

Además de la querella, Molina Pérez es objeto de una petición para que el presidente del Senado le prohiba “cualquier participación, votación, vista o trámite legislativo” relacionado con Tropical Fruit, incluyendo cualquier investigación legislativa.

“La ‘libertad de acción’ política del legislador no es un patente de corso para cometer actos de odio racial ni para destruir empresas privadas mediante legislación punitiva. La jurisprudencia federal establece claramente que la inmunidad legislativa no protege a un funcionario como el senador Molina cuando este actúa fuera de la esfera legítima legislativa, como lo es la incitación pública a la violencia, la invasión de propiedad privada, la persecución legislativa por razón de origen nacional y/o religión, o la difamación comercial arbitraria”, se reclama en la querella.

La Constitución del Estado Libre Asociado dispone que el legislador “gozará de inmunidad parlamentaria por sus votos y expresiones en una u otra cámara o en cualquiera de sus comisiones”.

Las expresiones objetadas son principalmente: que el senador se refirió a los dueños de la empresa como “judíos invasores”, que dijo que ese terreno en Guayanilla se convertiría en una “Franja de Gaza”, que hubo una incitación a remover los portones que la empresa de mangos ha puesto en el terreno y el afirmar que los accesos son “públicos”. La controversia gira en torno al acceso a las playas Punta Ventana y Punta Verraco.

El reglamento de la Comisión de Ética indica que las querellas deben ser presentadas por personas naturales. Esta la juramenta el ejecutivo Jacob Lubin, pero consigna que la parte querellante es solo la persona jurídica Tropical Fruit LLC, que indica tener 200 empleados y 40 años de trayectoria comercial.

Otra de las reglas es que la querella debe someterse a más tardar 30 días desde que “el querellante advino en conocimiento personal” de los hechos en cuestión. En este caso, se alude a expresiones y actuaciones de Molina Pérez desde el 3 de julio de 2025 hasta el 3 de enero de 2026.

Una de las acciones violatorias a la ética que la empresa imputa es que Molina Pérez sometió, como “represalia legislativa”, el Proyecto del Senado 686 para convertir en una reserva natural ambos terrenos en controversia. Y que en la exposición de motivos dijo que el acceso estaba “obstruido por un portón con candado”, lo que la empresa objeta porque afirma tener determinaciones judiciales que acreditan su derecho sobre los terrenos. La medida fue retirada por el senador, sin actuación del cuerpo sobre la misma, el 10 de noviembre pasado.

También, objetan que la senadora Jamie Barlucea Rodríguez sometiera por petición una resolución de investigación y bajo la que se realizó vista ocular el 10 de diciembre pasado en los terrenos de la empresa, pero sin que se le permitiera participar. Esta resolución es “un ejercicio arbitrario y caprichoso basado en la ficción de que existe una vía estatal donde solo hay propiedad privada”, se reclama en la querella. Tropical Fruit no sometió una querella contra la senadora novoprogresista, supo NotiCel.

La empresa reconoce que el terreno está gravado con una servidumbre de paso a favor del Departamento de Recursos Naturales, “no del público general”. Resaltaron que en la vista ocular se permitió que el subsecretario de esa agencia, y exsenador, Nelson Cruz, divulgara “información falsa y difamatoria” en las que confundió a Tropical Fruit con otra empresa con relación a supuestas multas, sin que se le permitiera al querellante refutarlas. En un video de ese día, el funcionario aparece indicando que en los terrenos objeto de la controversia se había tenido que entrar en agosto para rotular un área de desove de tortugas y también que “esta zona ha sido una zona identificada de alto contrabando de sustancias controladas”. Consignó también que, aunque los vigilantes de la agencia son los “custodios de los recursos naturales del estado”, se tienen que identificar con la seguridad privada de la empresa para entrar a la zona.

Tropical Fruit entiende que, además de las violar el requirimiento ético del Senado de observar “siempre una conducta decorosa… y el mantenimiento del respeto del pueblo hacia la Asamblea Legislativa”, el senador pudo haber incurrido en delitos de alteración a la paz, justicia por sí mismo e incitación a la violencia.

Para ver la querella, pulse aquí.