Un total $258,587 dejados de devengar, según la OIG, corresponden a ausencia de contratos de arrendamiento con entidades privadas con y sin fines de lucro. Igualmente se pagaron $322,087 por pago de agua potable y energía eléctrica en instalaciones que permanecen cerradas.

Una investigación de la Oficina del Inspector General (OIG) encontró ingresos dejados de devengar por $258,587 e igualmente irregularidades en contrataciones, deficiencias en la organización operacional, ambigüedad en el arrendamiento de propiedades y deficiencias en el control y mantenimiento de propiedades cerradas.

Además, reglamentos sin actualizar e incumplimiento con la Ley de Rendición de Cuentas y Ejecución de Programas Gubernamentales.

El dinero dejado de devengar, según la OIG, corresponde a ausencia de contratos de arrendamiento con entidades privadas con y sin fines de lucro. Igualmente se pagaron $322,087 por pago de agua potable y energía eléctrica en instalaciones que permanecen cerradas.

Puede leer el informe aquí:

“Estas cifras no incluyen otros posibles costos relacionados con las cuentas por cobrar asociadas a contratos de arrendamiento con entidades privadas, con y sin fines de lucro, mencionadas en el Comentario Especial”, lee un informe de la OIG con fecha de ayer y que cubre el periodo del 1 de julio de 2022 al 22 de enero de 2026.

La OIG identificó 19 contratos formalizados con entidades privadas entre los años 2022-2023, 2023-24 y 2024-25. En cuatro casos no se formalizó un contrato de operaciones y, aunque tres de los arrendatarios hicieron pagos por $417,268, se dejaron de recibir $258,578.

Entre los 19, dos permanecen sin registrar en la Oficina del Contralor y 12 fueron registradas en esa dependencia con 75 a 277 días posteriores a la fecha de otorgamiento. En siete contratos, por $679,378, no se incluyó la cláusula que establece la obligación de efectuar las retenciones requeridas, según el Código de Rentas Internas.

También se registraron deficiencias en contratos como falta de licencias, credenciales, autorizaciones, certificaciones “ni documentación que evidenciara la capacidad para proveer el servicio en el espacio arrendado”.

Los arrendatarios no son identificados y uno no pagó un solo centavo de los $145,989 que tenía que pagar por uso de una instalación del gobierno entre el 16 de septiembre de 2023 y el 30 de junio de 2025. En el informe no se indica si la institución educativa ha hecho pagos desde entonces.