Según un estudio de la organización de investigación sin fines de lucro Corporación RAND, al ritmo actual se proyecta que la recuperación de la isla se prolongue hasta 2051.

El comisionado residente, Pablo José Hernández, se reunió ayer con alcaldes puertorriqueños y congresistas demócratas del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes para discutir los retos que ha enfrentado Puerto Rico para tener acceso a los fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) destinados a proyectos de reconstrucción en los municipios.

La reunión en la Universidad Politécnica se produjo cuando, a casi nueve años del paso de los huracanes Irma y María, aún quedan por desembolsar cerca de $24,000 millones en fondos federales asignados para la recuperación de la isla. En el encuentro participaron los alcaldes William Miranda Torres, de Caguas; Carlos “Tito” Ramírez Irizarry, de Arecibo; y Jorge Ramos Ruiz, de Mayagüez. También estuvieron presentes los congresistas demócratas Al Green, de Texas; Bennie Thompson, de Misisipi; y Nellie Pou, representante de Nueva Jersey.

El alcalde de Caguas, William Miranda Torres, dejó saber su inquietud con la sección 428 de la Ley Federal Robert T. Stafford, regla que establece que impone un costo fijo de dinero de las obras se asignan luego de que FEMA, el gobierno de Puerto Rico y la entidad solicitante lleguen a un acuerdo. Aunque se acogió a la sección 406, que provee fondos de mitigación a los municipios, específico que ha enfrentado obstáculos a la hora de solicitar fondos. 

“Los retos que trae cada una consigo, los procesos que no han sido uniformes y el tema del ataponamiento de los casos, con poco personal, los retos adicionales que trae para correr los procesos de versión, que es reclamar el aumento en costo que hay de cada uno de los proyectos. Así que cada vez que se retrasa uno de estos proyectos, esos aumentos continúan y el proceso de tu versionar es casi volver a empezar”, sostuvo.

Además, explicó que la tardanza de estos proyectos provoca un aumento en el precio.

Según un estudio de la organización de investigación sin fines de lucro Corporación RAND, al ritmo actual se proyecta que la recuperación de la isla se prolongue hasta 2051. Esto se debe a que los proyectos se financian bajo la Sección 428, lo que convierte el proceso en uno burocrático. Por otro lado, el representante demócrata por Misisipi y líder de la minoría demócrata en el Comité de Seguridad Nacional, Bennie Thompson, advirtió que los despidos realizados en la agencia en enero de este año, bajo el mandato del presidente Donald Trump, han contribuido al atraso de los trabajos.

“Parte del desafío que tenemos, y de lo que no hablamos, es que cerca de un tercio de la plantilla de FEMA fue reducida. Por eso no hay suficiente personal para contestar el teléfono ni revisar los documentos, porque ya no están. Ahora bien, la secretaria nos ha dicho recientemente que los están trayendo de vuelta», expresó Thompson.

En efecto, recientemente fue anunciado por FEMA que va a ofrecerle sus trabajos de vuelta a esas personas que fueron despedidas. 

En la mesa de trabajo también aportó la congresista boricua y representante de Nueva Jersey, Nellie Pou, quien reconoció que lo que está ocurriendo ahora mismo con el retraso de los fondos ”confirma que no tenemos en posición las reglas y las guías que pueden ayudar a que el proceso sea mucho más rápido con menos dinero para gastar”. 

Por otro lado, el representante de Texas, Al Green, aseguró su disposición para ayudar a fiscalizar los fondos para la recuperación de la isla. 

El comisionado residente, Pablo José Hernández, recalcó en la importancia de juntar alcaldes con los congresistas.

«Los alcaldes son los que primero responden cuando llega una emergencia y los que mejor conocen lo que necesita su gente,» añadió el Comisionado Residente. «Por eso quise sentarlos en la misma mesa con el liderato de seguridad nacional del Congreso. Las decisiones que se toman en Washington se sienten en cada pueblo, y mi responsabilidad es que esas voces se escuchen.»

Los participantes coincidieron en la necesidad de agilizar los procesos de aprobación y desembolso de fondos para evitar mayores aumentos en los costos de reconstrucción y acelerar la recuperación de los municipios afectados por los huracanes de 2017.