Se descubrió el uso de fondos públicos para hacer campaña política y pagos indebidos por miles de dólares a un bufete de abogados.

Un informe de la Oficina de la Contralora publicó el resultado de una investigación que revela múltiples irregularidades en el Municipio de Cataño como el uso indebido de sistemas de información para fines político partidistas, el uso de dinero público para pagar actividades político partidistas y pagos indebidos tanto a empleados como para servicios legales.

La contralora realizó referidos al Departamento de Justicia, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Oficina de Ética Gubernamental.

El documento fue divulgado a las 8:56 p.m. de un viernes y, como es costumbre en la Oficina de la Contralora, no se identifica a una sola persona en el documento.

La investigación cubrió el periodo del 10 de diciembre de 2020 al 12 de febrero de 2025, cuando se desempeñaron como alcaldes dos personas: el convicto Félix “Cano” Delgado y Julio Alicea Vasallo. Este último llegó a la alcaldía en diciembre de 2021.

“La investigación revela un patrón consistente de uso indebido de propiedad, fondos, personal y sistemas del Municipio de Cataño para actividades ajenas al interés público, incluyendo actividades político-partidistas y decisiones administrativas tomadas en contravención a legislación aplicable”, lee el informe.

Uno de los hallazgos más serios tiene que ver con la contratación de una compañía publicitaria por parte del ayuntamiento y cómo también rindió labores para una campaña política.

Debido a que la contralora no identifica a nadie por nombre en el informe, se levanta la duda si la campaña política en cuestión fue de Delgado, quien prevaleció en la elección del 2020 o de Alicea Vasallo, que ganó en el 2024.

“Incluso se facturaron artículos de campaña directamente al Municipio, y algunos empleados recibieron en sus correos institucionales, durante horas laborables, información vinculada a esos servicios. Esto implica uso de fondos públicos para actividades político-partidistas, en violación de leyes de Ética, financiamiento de campañas y uso de propiedad pública”, lee el documento.

También se le imputa a una ayudante del alcalde y una empleada de la Oficina de Ayuda al Ciudadano utilizar computadoras y sus cuentas oficiales de correo electrónico para almacenar y manejar documentos, listados electorales y materiales relacionados con campañas políticas.

“En los equipos ocupados se hallaron bases de datos de electores, formularios de la CEE, listados internos, facturas por artículos promocionales y fotos con logos de campaña”, señaló la contraloría al concluir que se trató de uso indebido de propiedad municipal para actividades políticas “contrario a la Constitución, al Código Penal, al Código Municipal y la Ley de Ética…”.

Gran parte del trabajo se realizó durante la incumbencia de la excontralora Yesmín Valdivieso, con quien Alicea Vasallo sostuvo un feudo público poco antes de que ella fuera sustituida por la gobernadora.

Por otra parte, se le pagaron $12,656 como un diferencial a una empleada que fue designada directora interina de la Oficina de Planificación sin cumplir con los requisitos como tener licencia de planificadora ni maestría en Planificación.

“La falta de preparación académica obligó al Municipio a contratar posteriormente un planificador licenciado, con un costo adicional de $32,000. El pago del diferencial y la designación interina contravinieron los requisitos legales aplicables a interinatos y procesos de retribución”, lee el documento

La Oficina de la Contralora también encontró que se pagaron $75,623 de manera ilegal por servicios legales. La ilegalidad consistió en que el bufete se excedió de los montos máximos de dos contratos.

La contralora también cuestiona por qué se pagaron $298,586 a un bufete de derecho laboral a pesar de que el municipio tiene una Oficina de Asuntos Legales capaz de hacer el trabajo.

Por otra parte, se señaló el uso de un camión municipal y una excavadora alquilada para remover, con la participación de empleados municipales, de arena en un área privada para moverla a una residencia privada.

“Uno de los vehículos arrendados fue utilizado para transportar al alcalde a una actividad política en Aguas Buenas. El Municipio ya había sido advertido sobre este problema en un informe previo, pero no implementó las acciones correctivas necesarias, perpetuando el riesgo de mal uso de la flota municipal”, lee el documento.