Esta mañana, el alcalde Alicea Vasallo respondió que dicho informe no debió ser publicado debido a que se encontraba formalmente ante la consideración del Tribunal de Primera Instancia.

La Oficina de la Contralora (OCPR) confirmó hoy que el informe de investigación del municipio de Cataño está ante la consideración del Tribunal de Primera Instancia, pero confió en que prevalecerá en dicho proceso legal.

Así lo expresó hoy el contralor auxiliar de Asuntos Legales, Lcdo. Rafael Vázquez, ante las declaraciones de hoy del alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo.

“Sobre los planteamientos hechos públicamente por el Municipio de Cataño relacionados al informe de auditoría publicado por la Oficina de la Contralora de Puerto Rico, informamos que el asunto se encuentra actualmente bajo evaluación legal por parte de nuestra oficina”, indicó en declaraciones escritas.

“Como este caso ya está ante la consideración del Tribunal de Primera Instancia, la Oficina de la Contralora hará sus alegaciones en el foro judicial correspondiente y en el momento procesal que corresponda. Por respeto al proceso judicial en curso y a la autoridad del tribunal, no estaremos emitiendo comentarios adicionales sobre los méritos de la controversia mientras el asunto se ventila en corte. Pero estamos extremadamente confiados en que la Oficina de la Contralora de Puerto Rico va a prevalecer en derecho”, indicó Vázquez.

Ayer, un informe publicado de la contralora revela múltiples irregularidades en Cataño como el uso indebido de sistemas de información para fines político partidistas, el uso de dinero público para pagar actividades político partidistas y pagos indebidos tanto a empleados como para servicios legales.

La contralora realizó referidos al Departamento de Justicia, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Oficina de Ética Gubernamental.

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Esta mañana, el alcalde Alicea Vasallo respondió que dicho informe no debió ser publicado debido a que se encontraba formalmente ante la consideración del Tribunal de Primera Instancia.

Según Alicea Vasallo, el municipio presentó un recurso de Mandamus luego de que la OCPR se negara a permitir siquiera una revisión limitada y confidencial del borrador del informe antes de su divulgación pública. “Ante los planteamientos presentados, el tribunal intervino formalmente, acortó términos y ordenó a la OCPR comparecer dentro de cinco días para mostrar causa por la cual no debía concederse el remedio solicitado. Ese remedio era claro: detener la divulgación del informe mientras el tribunal evaluaba los planteamientos levantados por el municipio”. 

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“Reafirmamos nuestro compromiso con la fiscalización de los fondos públicos y con la transparencia que exige el pueblo de Puerto Rico. Continuaremos ejerciendo nuestra función constitucional, ya sea mediante auditorías anuales programadas o auditorías iniciadas por querellas de alegada malversación de fondos. La prioridad siempre es que se atiendan los hallazgos y se implementen acciones afirmativas en favor de la sana administración pública”, afirmó Vázquez.

Lea aquí el informe: