La mujer acusada tiene vista el 27 de septiembre

El informe policíaco responsabiliza a una mujer, quien se hizo pasar por trabajadora social, para convencer a una pareja de escasos recursos para usar a su niño de dos años haciéndole creer a un hombre que era su hijo para cobrar pensión alimentaria. Sin embargo, hoy la mujer defendió en entrevista televisiva (Wapa) que fue la familia biológica del menor quien acordó con el sujeto que pagaba la pensión acusarla ante las autoridades.

Jillian Anne Alexander Meléndez, de 37 años y residente de Bayamón, se identificó como ama de casa. Contó que conoció a Nancy Martínez, madre del menor, en una clínica de salud de barrio Obrero. Al ver las condiciones del menor le ofreció cuidarlo puesto que la joven madre indicó que tenía un pie en la calle luego que su esposo y padre del infante, José Cordero, junto a su suegra la expulsaran de la vivienda.

Desde entonces cuidó del niño, junto a sus otros tres hijos, por $35 al mes. ‘Nosotros lo amamos, mis hijos los quieren. Jamás le haría daño a un bebé’, aseguró entre lágrimas la mujer.

Sin embargo, tanto Cordero como Martínez contaron que la mujer los contactó por la red social Facebook identificándose como trabajadora social a nivel federal, ofreciéndole ayudas para tramitar vivienda a través del programa de sección 8 de Vivienda federal (HUD).

A partir de los cuatro meses comenzó a buscar el menor en la casa con la excusa de llevarlo a hacerse pruebas de salud de rigor. En esas salidas, se alega, utilizó al niño para hacerlo pasar como su hijo y obtener beneficios económicos con un sujeto mecánico de profesión del área de Santurce.

El sujeto se percató del fraude el pasado 4 de septiembre de 2019, aunque la mujer llevaba elaborando el esquema desde el 2017, según un parte policial.

Los padres biológicos del niño aseguraron que cuando supieron del esquema acudieron a la Policía pero no les creyeron por los falsos documentos que presentó la mujer quien se hacía pasar como trabajadora social. Cuando la familia pedía copia de los documentos que comprobaran los servicios que Alexander Meléndez aseguraba brindar, la acusada se negaba indicado que las autoridades federales no lo permitían.

El caso fue consultado con el fiscal Orlando Velázquez, el cual instruyó a radicar cargos por los delitos antes mencionado, siendo la prueba presentada ante el juez Jimmy Sepúlveda del Tribunal de San Juan, quien luego de escuchar la prueba encontró causa en todos los artículos señalando una fianza de $20,000, la cual prestó mediante fiador privado, quedando en libertad hasta el día de la vista preliminar pautada para el 27 de septiembre de 2019.

La agente Indiana Rivera adscrita al Precinto de Barrio Obrero estuvo a cargo de la investigación.