Lo ensambló la Junta de Control Fiscal.
El Acuerdo en Apoyo al Plan (PSA en ingles) que ensambló la Junta de Control Fiscal (JCF) con algunos tenedores de Obligaciones Generales (GOs) del Gobierno Central no provee para evitar otra futura reestructuración de deuda en la medida que no reduce el monto de deuda para pagar a niveles sostenibles, observó la organización Espacios Abiertos (EA).
Según un estudio de sostenibilidad de deuda comisionado por EA y presentado en medio de la aprobación del Plan de Ajuste de la Corporación del Fondo de Interes Apremiante (COFINA), el Gobierno solo tiene la capacidad de sostener una carga de deuda de entre $9,000 millones hasta $14,000 millones. En ese sentido, el analista de Política Pública de EA, Daniel Santamaria, indicó que COFINA ya comprometió $12,000 millones, por lo que este nuevo acuerdo con los bonistas de Obligaciones Generales excede la capacidad de deuda que arrojó el análisis de los economistas.
Mira: Junta logra acuerdo para $35,000 millones en deuda de Obligaciones Generales
‘De aprobarse lo que se plantea, la situación de crisis en pocos años se estaría repitiendo nuevamente’, indicó Santamaria en declaraciones escritas a NotiCel.
Según datos provistos por la JCF, el acuerdo con los acreedores del gobierno central -el cual incluye los pensionados- bajaría esa carga de deuda de $35,000 millones a $12,000 millones. La deuda de COFINA era de $18,000 millones, pero se redujo a $12,000 millones, la del Banco Gubernamental de Fomento era de $5,000 millones y se redujo a $3,000 millones, mientras que la propuesta reestructuración de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) persigue bajar de casi $10,000 millones a $7,000 millones la deuda de esa corporación pública.
En total, la Junta proyecta que, entre estas cuatro reestructuraciones, la carga de deuda bajaría de $67,000 millones a $34,000 millones. Aunque es una reducción de casi el 50%, sigue siendo más del doble de lo que el análisis de EA indica puede pagar el Gobierno en deuda. Tampoco incluye otras dependencias gubernamentales en el proceso de quiebra al amparo del Título III.
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