No descartan un acuerdo.

El exadministrador de la Administración de Servicios Generales (ASG), Miguel Ángel Encarnación Correa, renunció a su vista preliminar el viernes en la mañana en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, a toda vez que sus abogados aludieron a una posible solución mediante un acuerdo.

Con la determinación, al exfuncionario se le encontró causa para juicio en un total de diez cargos, que incluyen aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y acoso sexual.

‘Vamos a renunciar a vista preliminar. Es una estrategia legal’, aseguró Lester Arroyo Resto, quien representa al exadministrador junto al licenciado Mario Moczó González.

El juez Juan Frau Escudero fijó el 27 de junio como el próximo señalamiento para la lectura de acusación, mientras que el juicio supone comenzar el 22 de agosto. Sin embargo, a preguntas de la prensa, Moczó González se mostró confiado en que su cliente saldrá por la puerta ancha pronto.

‘En este caso estamos explorando unas alternativas que son favorables para nuestro representado y, si dentro de esas alternativas favorables se puede resolver el caso y resolverlo más rápido, pues así se va a hacer. Podría ser un acuerdo, eso es algo normal dentro de todos los riesgos que compren los fiscales y la defensa del mismo caso y con el acuerdo bastante adelantado que podemos resolver si Dios lo permite’, expresó el abogado.

Al preguntar si podrían reducirse los 10 cargos contra su representado, quien ocupó la Administración de ASG por seis meses, el abogado contestó en la afirmativa. ‘Sí, [son diez cargos], pero vamos bastante bien, vamos bien. Se va a resolver bastante si Dios permite, gracias a Dios, a favor de don Miguel’, añadió.

Encarnación Correa fue referido al Departamento de Justicia y a la Oficina del Contralor por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, tras denuncias de que solicitó que empleados de ASG emitieran cheques a su nombre para la compra de 16 generadores eléctricos tras los huracanes Irma y María en septiembre de 2017. Según las alegaciones, solo tres de ellos fueron utilizados por la agencia, mientras que los demás, se entiende, fueron repartidos entre sus empleados de confianza.

Los supuestos actos de corrupción fueron recogidos en una carta, la cual fue obtenida por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien entonces la envió al Gobernador.

Por otra parte, se supo que a solo semanas del huracán María, mientras proliferaban las largas filas para comprar gasolina alrededor de la Isla en las pocas estaciones operantes, Encarnación Correa alegadamente autorizó a legisladores a echar gasolina en sus vehículos en una de las cinco estaciones de la ASG.

Esto se sumó a la denuncia de que Encarnación Correa fue quien autorizó mediante dispensa al expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Rafael Ramos Sáenz, a utilizar su vehículo para viajar desde su residencia en Aguadilla a su nuevo empleo. El ahora exjuez enfrenta un proceso judicial por consultar a través de la plataforma digital WhatsApp con correligionarios del Partido Nuevo Progresista (PNP) sobre una controversia con el voto de encamados en el colegio electoral de Moca que presidía durante las pasadas elecciones.

Los cargos contra Encarnación Correa surgieron en una vista de Regla 6 en alzada liderada por los fiscales especiales independientes Emilio E. Arill Garcia y Manuel E. Núñez Corrada. Ese día, la jueza Eloína Torres Cancel le impuso una fianza de $50,000.