Si no logran consenso vía mediación

Si la mediación con los acreedores de la deuda del Gobierno de Puerto Rico no resulta en la ratificación de un plan de ajuste, la representación legal de la Junta de Control Fiscal (JCF) recurrirá al ‘cramdown’. Este termino financiero describe una reestructuración forzosa en la que un juez confirma el plan de ajuste pese a las objeciones de los bonistas, quienes solo tendrían derecho a recuperar la acreencia que el tribunal determine.

Martin Bienenstock, de la firma Proskauer Rose, manifestó que el consenso será medular para determinar un plan de ajuste con todas las partes. Sin embargo, de enfrentar escollos legales o surgir discrepancias sobre la capacidad de pago del Gobierno, no dudarán en recurrir al ‘cramdown’.

Durante su presentación inicial ante la jueza de quiebras federal Laura Taylor Swain, Bienestock aprovechó para señalar que la confección de un plan sería más cómoda si el Gobierno sigue recomendaciones como la eliminación de la Ley 80 para aumentar los retornos de los acreedores. Además, anticipó que presentará más información sobre los próximos planes de ajuste durante la vista ómnibus de marzo del 2019.

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Respecto a la solicitud de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) para levantar la paralización de litigios en el caso que radicaron para el desembolso de la liquidación de licencias de enfermedad, el abogado de la Junta, Brian Rosen, acordó con los abogados del sindicato posponer la discusión hasta la vista del 30 de enero.

Por otro lado, Swain escuchó los señalamientos del examinador de tarifas de los abogados y asistentes que han aumentado sus facturas. Según la abogada del examinador, Katherine Stadler, los aumentos representan $4 millones del total facturado por las firmas.

La orden que inicialmente propuso Brady Williamson, examinador de Godfrey & Kahn, declararía ‘presuntamente irrazonables’ los aumentos a menos que cuenten con el aval de su cliente, provea una notificación a la Corte 21 días antes de entrar en vigor el aumento y establecer un límite anual para el ascenso de 5% para los socios, directores y abogados experimentados.

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La preocupación esbozada por el examinador de tarifas yace en los descuentos tarifarios que varias firmas acordaron con el Gobierno al comenzar el caso. Aumentar las tarifas puede resultar en que esos descuentos se diluyan y ocasionen un efecto notable en la capacidad de pago del deudor, en este caso el estado, advirtió Stadler.

Swain determinó que el porcentaje de aumento anual será de 2% tras apuntar que existen situaciones únicas en este caso. Además, reconoció que la isla es un ‘organismo vivo y debe ir adelante, y aplicar y distribuir sus recursos posteriormente, los cuales no aumentarían, ausente un milagro’.

De igual modo, adelantó que continuará conversando con el examinador de tarifas para entender mejor el proceso y referencias que utilizan para evitar retrasos corroborando la matemática.