JCF espera porque el gobierno identifique cambios.

Pese a que el juez federal Gustavo Gelpí ordenó el pasado viernes abrir una nueva academia para adiestrar agentes de la Policía nuevos, el asunto todavía no ha sido discutido entre el gobierno y la Junta de Control Fiscal (JCF) para asignar esos fondos.

‘Tenemos que hablar con el gobierno en terminos de los costos que serán para este año. Había un plan del gobierno para que fuese en el próximo año fiscal’, sostuvo la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko durante una mesa redonda en la sede de la Junta.

Según Jaresko, el presupusto aprobado de la uniformada contiene $20 millones dirigidos a reformas dentro el cuerpo policiaco. Precisamente esos fondos fueron los que mencionó la directora ejecutiva como posiblemente elegibles para utilizarse en la apertura de una nueva academia, que supone abrir en febrero del próximo año.

‘Si no hay suficientes fondos hay un proceso de redistribución que es posible dentro el presupuesto. El gobierno tendría que venir a nosotros con una propuesta de redistribución’, señaló la directora ejecutiva, a la vez que reconoció que se trata de una directriz del tribunal federal -ente encargado con el caso de la reforma policiaca.

Tras la orden del juez Gelpí, el Comisionado de la Policía, Henry Escalera, sentenció que siempre ha estado de acuerdo que hay una necesidad para reclutar más policías. Sin embargo, Escalera destacó que el cumplimiento de esa directriz no depende sólo del gobierno local, sino de la JCF, pues mantienen control sobre el presupuesto de la uniformada.

‘Hay que tener una conversación con la Junta de Supervisión Fiscal para garantizar la flexibilidad presupuestaria que nos permita establecer el mecanismo de adiestramiento y poder conformar una academia. Es la única manera de poner a la Policía en posición de cumplir con la orden emitida hoy’, rezan las declaraciones escritas de Escalera.

Según un estudio elaborado por la firma V2A sobre la asignación de personal y recursos en la Policía publicado en abril de este año, al presente la uniformada tiene una deficiencia de 497 agentes de la policía. Sin embargo, una de las áreas con mayor necesidad de personal supone ser la Superintendencia de Investigaciones Criminales, unidad encargada con la investigación de crímenes violentos y que, según el estudio, cuenta con una deficiencia de 774 agentes.

Ante la falta de recursos en la uniformada, la práctica ha sido la redistribución de agentes a otras funciones e incluso la inclusión de personal civil para ejercer labores administrativas.